Camps: «Dimití porque quise demostrar que los del PP teníamos más dignidad que los socialistas, comunistas y proetarras»

Insiste en su inocencia y denuncia una «persecución mediática» contra cargos del PP investigados con «relatos falsos» y «mentiras»

VALENCIA, 17

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PP de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha asegurado que dimitió de sus cargos en 2011 como jefe del Consell porque trató de «demostrar que los miembros del PP» tenían «más dignidad que los socialistas, comunistas y proetarras». «No quise llevar al presidente de la Generalitat al banquillo, quería ganar moralmente a quienes utilizar la instrucción para destruir a personas y partidos democráticos», ha defendido.

Así lo ha manifestado Camps durante la conferencia La Pena de Telediario» organizada por el Foro 2020 y celebrada este martes en el Casino de Agricultura de Valencia, durante la que ha insistido en que ha sido víctima de una «persecución mediática» contra los miembros del PP investigados en las distintos procedimientos judiciales relacionados con la corrupción construida con «relatos falsos» y «mentiras».

En esta línea, ha considerado que la política «hoy no es atractiva» por los «procesos judiciales masivos» sobre la actividad política, una situación que ha atribuido a un «incesante empeño por politizar la justicia». «Sufrimos por igual jueces y políticos, los unos que se ven etiquetados como progresistas o conservadores y los otros cuyas aspiraciones se truncan por intereses espúreos», ha señalado.

Así, ha alertado de que el estado de derecho se ha visto «gravemente afectado» por «el ataque al honor de las personas» y su imagen pública, un escenario que «viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia». También ha denunciado que la «condena política» antes de un juicio es un hecho «demasiado frecuente» y que, en estos casos, el afectado «llega al juicio despellejado».

En este punto, ha asegurado que en España «se infringe» la presunción de inocencia y ha acusado de ello a los medios de comunicación, mediante sus «grandes despliegues informativos en el momento de la detención de los afectados», provocando con ello «una condena social en ese mismo instante». «Son los primeros que se enteran de todo, ¿quién les avisa?», se ha preguntado.

Así, ha advertido de la existencia de un «juicio al margen del que corresponde a los jueces y tribunales» que, «además de dañar la imagen de cualquier persona», se provoca «una condena al margen de la ley» y, por consiguiente, «la destrucción de la presunción de inocencia, que es ya una condena por el alargamiento de la instrucción, ya que cubre muchos más años que la hipotética condena».

«ESTIGMATIZACIÓN»

También ha alertado de la «estigmatización» de los procesos judiciales de los que se considera víctima, con «la aparición de filtraciones», una «práctica ilegal» que ha denunciado que «nadie persigue». «Además de añadir daños irreparables, en muchos casos destruye el derecho de un juicio con garantías», ha sostenido.

El expresidente del PP de la Comunidad Valenciana ha asegurado que la «inmensa mayoría» de miembros de su partido involucrados en procesos judiciales «se han enterado por la prensa» de cuestiones relacionadas sobre su situación, donde ha censurado que se reproducen documentos que «incluyen elementos de la vida privada de las personas».

Así, ha criticado las «filtraciones interesadas» que «se manipulan» para crear «espectáculo televisivo, sátira y burla». «He visto esfuerzos extraordinarios por exagerar (…), les incomodaba y querían transmitir que éramos culpables», ha insistido. También ha cargado contra la UCO y la UDEF, al asegurar que van «más allá de lo que les es exigible» y «avanzan la calificación jurídica que les corresponde solo a los jueces».

«ABSOLUTA DESPROPORCIÓN»

Camps ha sostenido que en España la conocida como pena de telediario es «cuádruple», puesto que a la «absoluta desproporción» se suma «la tergiversación, la manipulación de los interrogatorios, informes o declaraciones» y todo ello «influye en el ambiente de toma de decisiones».

Paralelamente, ha considerado que existe una «desinformación» e incluso «ocultación» de información cuando el procedimiento judicial acaba en un sobreseimiento, especialmente de «determinados medios» a los que ha acusado de tratar temas más graves de forma «minúscula o nula» cuando afectan a personas de izquierda que cuando lo son a «políticos del PP».

El expresidente valenciano ha afirmado que la «eternización» de los procedimientos judiciales resulta ser una «auténtica tortura» que acaba «destruyendo las actividades profesionales» y suponiendo «la ruina económica» de los afectados debido a la «presión mediática».

En este punto, ha hecho hincapié en que dentro de dos semanas hará 14 años que su vida «dio un giro inesperado» y ha admitido que «jamás» imaginó «lo que podría ocurrir», que fue «perseguido de forma implacable». «Desde hace 14 años, cada día me he visto envuelto en autos, providencias, informes, investigaciones, instrucciones, imputaciones, sentencias, archivos sobreseimientos, recursos y apelaciones», ha enumerado.

«HECHO AÑICOS»

Asimismo, ha lamentado que precisamente debido a su situación judicial «todos los años dedicados» a la Comunidad Valenciana, Valencia y España se han «hecho añicos» por «relatos distorsionados y tergiversados» que le han «paralizado totalmente» en una situación «mantenida en el tiempo».

«Un total de 79 causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción han terminado el archivo, sobreseimiento o absolución. Han afectado a 235 personas del Partido Popular o próximas que han visto sus vidas truncadas, sus familias desechas, sus economías arrasadas. No hay compensación posible a tanta angustia», ha incidido.

Por todo ello, ha reclamado que «las cosas que así han ocurrido no vuelvan a suceder» tras demandar que la Fiscalía Anticorrupción «debería ser auditada para analizar las causas abiertas, sus resultados y el efecto sobre las personas de su acción». También ha apostado por que los ministerios de Justicia e Interior cuantifiquen «el daño gastado» que ha acabado en «causas sin condena» y ha exigido «responsabilidades administrativas» por este «dispendio».

Durante su intervención, Francisco Camps ha lamentado que su imagen ha sido «vapuleada», una situación que, a su juicio, resulta «inenarrable». «Se me han atribuido regalos adjudicaciones, malversación, blanqueo, pertenencia a organización criminal, fraude… se ha dado por hecho que he cometido todo tipo de irregularidades», ha sostenido.

DIMISIÓN

Sobre su dimisión como responsable autonómico, ha subrayado que decidió dejar el cargo porque no quería «ser objeto de debate de las elecciones inmediatas y no perjudicar a Rajoy y al partido» ni tampoco «llevar al presidente al banquillo».

En definitiva, ha indicado que pretendía «ganar moralmente a quienes utilizaban la instrucción para destruir a las personas y partidos democráticos». «Quise demostrar que teníamos más dignidad los del PP que los socialistas, comunistas y proetarras», ha argumentado, al tiempo que ha insistido en que su caso es un «ejemplo claro» de que en España «no solo es el acusado el que tiene que defender su honor sino que socialmente queda estigmatizado».

ORANGE MARKET

Por otro lado, también se ha referido al inicio del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del expositor de Fitur 2009, programado para este 23 de enero, y ha lamentado que a día de hoy «después de demostrar en nueve ocasiones que las acusaciones son infundadas» sigue imputado a la vez que ha cargado contra los socialistas y contra una izquierda que «no tiene idea ni proyecto».

«Podría creer en el error de unos y otros antes que de un plan preconcebido para destruir, pero el PSOE lleva 40 años metiendo la mano en la justicia», ha zanjado, y ha insistido en que todas las acusaciones «han sido producto de conjeturas».