Errejón reclama al Gobierno medidas efectivas para paralizar desahucios de población vulnerable ante un caso en Madrid
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ejecutivo que tome medidas para paralizar de manera «real» los desahucios de población vulnerable y pregunta si piensa modificar el contenido de la Ley de Vivienda, en tramitación en el Congreso, para que el texto se ponga «definitivamente del lado» del derecho internacional de protección de la vivienda.
Así lo traslada el diputado en el Congreso mediante una pregunta parlamentaria al Ejecutivo, tras conocer por redes y por la denuncia del Sindicato de Inquilinos de Madrid del caso de una orden de judicial para ejecutar el desahucio de su vivienda de dos vecinos del barrio madrileño de Vallecas.
Según los datos que ha podido conocer del caso, uno de los afectados es una persona dependiente con una discapacidad reconocida del 70% mientras la otra persona es un familiar de primer grado que se encargaba de sus cuidados.
También relata que debido a esta situación de vulnerabilidad, en 2009 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Consistorio madrileño les concedió una vivienda pública, pero en 2014 el inmueble fue vendido por parte de la administración madrileña a un fondo de inversión, que años después «impone subidas abusivas a las que no pueden hacer frente».
A su vez, desgrana que el Gobierno a través de su decreto anticrisis extendió el periodo de suspensión de desahucios de hogares vulnerables de su vivienda habitual hasta junio de 2023. Con los datos que manejan, estas personas cumplirían esos requisitos de vulnerabilidad y, aún así, un juez dictamina el lanzamiento.
Para el diputado de Más País, probablemente la resolución es «errónea» pero evidencia que la «actual arquitectura institucional desprotege a la ciudadanía española en su derecho poruna vivienda».
Es más, recalcan que la actual normativa sobre vivienda está construida a golpe de decreto y con leyes «insuficientes» que no garantizan la protección social de forma efectiva para colectivos vulnerables, además de generar «una burocratización del proceso que cercena derechos fundamentales».
«Por ello, se necesita una definición de vulnerabilidad que no permita que ningún juez pueda ponerla en entredicho, así como mecanismos garantistas durante todo el proceso legal, tal y como viene indicando la ONU en sus diferentes dictámenes contra España», apunta en relación a la futura ley de vivienda.
Podemos y PSOE mantienen negociaciones para desbloquear la Ley de Vivienda en el Congreso y, fuentes de la formación morada, indicaron que se había producido mucho acercamiento en materia antidesahucios.
