El PSOE señala que el futuro judicial de Puigdemont y su posible entrada en prisión depende de jueces y no del Gobierno

Afirma que ningún corrupto va a quedar «indemne» pero no garantiza que no se vayan a producir rebajas de condenas

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado, sobre el posible regreso a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que no pudo ser extraditado porque no existía homologación del delito de sedición –que ahora ha sido eliminado– en España y otros países europeos.

Además sobre la responsabilidad que tendría el Gobierno en caso de que Puigdemont evite la cárcel, Alegría ha afirmado en una entrevista en Cuatro, que su futuro judicial le corresponde decidirlo a los jueces y no al Gobierno y ha remarcado que sigue vigente su procesamiento por el delito de malversación y también la orden de búsqueda en su contra.

Así, ha señalado que aún no ha podido leer el auto completo del magistrado Pablo Llarena, de más de 70 páginas, pero que queda claro que sigue procesado «por malversación y desobediencia», según ha indicado.

Cuando le han insistido en la responsabilidad que tiene le Gobierno, que eliminó el delito de sedición por el que se acusaba al expresidente catalán huido en Bélgica, ha señalado que el Ejecutivo lo que ha hecho es homologar este delito con el resto de democracias europeas.

TODO USO INDEBIDO TENDRÁ CONDENA

Asimismo, al ser preguntada sobre si el Gobierno puede asegurar que ningún condenado por corrupción va a ver rebajadas sus condenas, con el nuevo Código Penal, Alegría se ha limitado a decir que ninguno «va a quedar indemne» y que todo uso indebido de dinero público tendrá su condena.

En la misma línea que han mantenido otros miembros del Gobierno, ha señalado que «entra dentro de la normalidad» que los abogados de los condenados por delitos de corrupción pidan que se rebajen las penas, una vez que ha entrado en vigor la nueva ley.

A este respecto ha precisado que es normal que cuando se produce una reforma legislativa los abogados de las partes «puedan pedir una revisión» pero si esa pena se reduce o no dependerá de la aplicación de la sentencia que hagan los jueces.

Finalmente ha defendido que con esta modificación no se produce «ningún tipo de despenalización» y que además se ha incluido un nuevo tipo penal para que se castigue cualquier uso indebido de dinero público, como sucedía antes del año 2015, cuando el PP aprobó la legislación que estaba en vigor hasta ahora.