El sector de la insolvencia reclama un estatuto que regule la profesión
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha reclamado la elaboración de un estatuto que aporte soluciones a los problemas «actuales» y otorgue «seguridad jurídica» ante la entrada en vigor de un nuevo decreto que, pese a incluir múltiples variaciones, «no da respuesta» a determinados aspectos.
En un comunicado, los profesionales del sector del sistema de la insolvencia han señalado que es «necesario» que exista una regulación que defina de manera clara todos los aspectos de la insolvencia para el «correcto desarrollo» de la profesión.
«Esta propuesta, que llevamos esperando desde 2014, debe definir unos criterios que regulen el acceso y aseguren un correcto ejercicio de la profesión, garantizando unos estándares de calidad tanto para el profesional como para los implicados en el procedimiento de insolvencia», ha explicado el presidente de la asociación, Diego Comendador.
En este contexto, Aspac ha elaborado una encuesta sobre el Estatuto de la Administración Concursal para reflejar la opinión de los expertos del sector acerca del contenido de dicho documento. Entre las conclusiones, según han apuntado desde la asociación, se evidencia la necesidad de contar con un sistema de filtraje para acceder a la profesión, la definición de los parámetros para determinar los honorarios de los profesionales o la creación de un órgano independiente de control y supervisión del administrador concursal.
En concreto, el 100% de los encuestados considera necesario contar con un filtro y la gran mayoría (73,5%) afirma que el sistema de filtraje adecuado para acceder a la profesión debe ser un examen con dispensa por experiencia, igual para todos los candidatos.
Además, el estatuto «debe definir» los parámetros utilizados para determinar los honorarios de los profesionales de la insolvencia y la cantidad de procedimientos a los que puede acceder cada uno.
Por otro lado, la encuesta también refleja la necesidad de crear un órgano independiente a los colegios de abogados, economistas y auditores, que regule, supervise, defienda y resuelva acerca del régimen disciplinario y sancionador de los administradores concursales.
«En un contexto de complejidad económica como el presente, es más necesario que nunca elaborar una regulación que ampare al profesional y sea una garantía de calidad para acreedores, deudores y el resto de implicados en los procedimientos de insolvencia», ha apostillado Comendador.
