2022 deja al 92% de etarras en cárceles vascas y navarras, entre ellos Txapote, y discrepancias sobre terceros grados

El Gobierno vasco ha aprobado 32 terceros grados, de los que seis han sido revocados y otros doce están pendiente de resolución judicial

El 85% de los presos de ETA está ya en cárceles del País Vasco -el 92% si se contabiliza Navarra– en un 2022 que ha constatado las «discrepancias jurídicas» entre el Gobierno Vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la hora de aprobar los terceros grados para condenados por el terrorismo etarra.

Entre los exdirigentes acercados al País Vasco este último año figuran algunos muy criticados por víctimas por su sanguinario historial, como Francisco Javier García Gaztelu, Txapote , o Henri Parot.

De esta forma, quedan 14 en cárceles que son sean vascas, sin contabilizar los doce que cumplen condena en Navarra, según datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press.

El Ejecutivo vasco, que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha aprobado durante 2022 un total de 32 terceros grados a presos de ETA, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional -como órgano que sigue siendo competente en la materia– ha recurrido 22 de ellos (68%).

Desde octubre de 2018, el Gobierno central había aprobado por decisión de Instituciones Penitenciarias – dependiente del Ministerio del Interior– un total de 27 progresiones al tercer grado para presos etarras, es decir, cinco menos que las autorizadas por el Ejecutivo vasco en el último año.

En la estadística del Ejecutivo central no se incluye las semilibertades de Olga Sanz y Javier Moreno, aprobadas en la etapa del PP pero ejecutados por el actual Gobierno en el verano de 2018.

SEIS SEMILIBERTADES REVOCADAS

De los 22 recursos contra terceros grados del Gobierno vasco, la Audiencia Nacional ha revocado ya seis y otros cuatro han sido inadmitidos, quedando por resolver 12 progresiones de clasificación penitenciaria a alguna de las modalidades de semilibertad que contempla el reglamento penitenciario. En el caso del Gobierno central, se han revocado dos terceros grados.

Las «discrepancias jurídicas» entre Gobierno vasco y Fiscalía quedaron constatadas en unas jornadas organizadas por la AVT en Vitoria este pasado mes de noviembre. El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advirtió ante el asesor vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, que no pueden «descafeinarse» los requisitos legales para otorgar el tercer grado a los presos de ETA.

Bautista lamentó las dificultades que se encuentra la Fiscalía a la hora de buscar la colaboración de los reclusos para esclarecer delitos de ETA señalando que se enfrentan con «un muro de una organización, se llame ahora como se llame» tras el fin de la banda terrorista, que es quien «impone» sus directrices a los presos.

Tapia, por su parte, rebatió al fiscal al decir que no existe constancia de ninguna «organización que dé instrucciones» a los presos. Tampoco compartía que las peticiones de perdón se diluyan en formulaciones «genéricas» de arrepentimiento.

No obstante, el asesor vasco reconoció públicamente que «trabajan» para tratar de adecuarse a los requerimientos que establece la Audiencia Nacional, desde donde se remiten a los requisitos de los artículos de la Ley General Penitenciaria 72.5 y 72.6 sobre responsabilidad civil, abandono de la violencia y colaboración con investigaciones judiciales.

Esto último es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo, junto al fin de los homenajes públicos a terroristas y poner fin los pactos con EH Bildu. Tanto esta formación como plataformas de apoyo a los presos etarras, sin embargo, presionan para acabar con lo que ellos llaman «política de excepción y venganza».

DOCTRINA DEL SUPREMO

Esta discrepancia de fondo coincide con la reciente decisión del Tribunal Supremo fijando doctrina para interrumpir la salida de prisión en aplicación de un tercer grado otorgado por la administración si media un recurso de la Fiscalía, por lo que en adelante la progresión de grado tendrá «efectos suspensivos» hasta resolución del tribunal sentenciador.

Se trata del escenario aplicado en 2022 a seis presos de ETA a los que el Gobierno vasco dio el tercer grado, de ejecución automática aunque tiempo después la Audiencia Nacional revocó tal medida, atendiendo a la petición de la Fiscalía, por lo que los reclusos tuvieron que volver a prisión.

Los etarras a los que han revocado el tercer grado este último año son: José María Arregi Erostarbe, Fiti , Aitor Esnaola Dorronsoro, Gorka Martínez Ahedo, José Ignacio Bilbao Gaubeca, Miguel Guillermo San Argimiro y Xabier Atristain Gorosabel. A la lista se suman Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez, estos dos últimos progresados en 2021 por Instituciones Penitenciarias.

CIFRA DE TRASLADOS Y LIBERTADES CONDICIONALES

Según los datos del Observatorio de la AVT, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018 se han aprobado 370 traslados -166 para ir a prisiones vascas y otros 20 a Navarra– que afectan a 203 etarras, 98 de ellos con delitos de sangre relacionados con 298 víctimas en 217 atentados.

De esta forma, restando licenciamientos de condena y las 17 libertades condicionales aprobadas por los jueces, cuatro de ellas en 2022, en la actualidad hay 154 presos etarras en cárceles vascas —73 en Zaballa (Álava), 40 en Martutene (San Sebastián) y 32 en Basauri (Bilbao); y otros nueve sin determinar–, mientras que otros 12 cumplen condena en Pamplona.

Por lo tanto, 166 de los presos están en cárceles de estas dos comunidades autónomas, lo que representa el 92% de los 180 que forman parte del colectivo.