Los Letrados de la Administración de Justicia irán a una huelga indefinida que arrancará el 24 de enero
Los Letrados de la Adminsitración de Justicia irán a una huelga indefinida que arrancará el 24 de enero
Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia han fijado el 24 de enero de 2023 como el día en el que dará comienzo una huelga indefinida en ese cuerpo ante la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que, dicen, «no ha hecho el más mínimo esfuerzo» por solucionar el conflicto.
En un comunicado remitido por las tres asociaciones convocantes, recogido por Europa Press, indican que dado el «abrumador» seguimiento de las jornadas de huelga convocadas en noviembre y diciembre, y que desde Justicia no se ha solicitado reunión con el comité de huelga para hablar del «incumplimiento de los compromisos acordados con el colectivo», han decidido continuar con esa convocatoria.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) indican asimismo que ante las imprevisibles consecuencias que va a suponer esta huelga para la Administración de Justicia, al menos dos de ellas –CNLAJ y UPSJ– retiran las candidaturas que presentaron a las elecciones para el Consejo del Secretariado y que estaban convocadas para el mismo día de inicio de la huelga.
Las asociaciones convocantes lamentan «los inevitables perjuicios que esta huelga ocasionará de nuevo para los ciudadanos, los profesionales y resto de operadores jurídicos», y denuncian una vez más lo que entienden que es «una profunda irresponsabilidad política de la ministra de Justicia que vuelve a asumir el daño al servicio público».
LA REIVINDICACIÓN SALARIAL
Con las diferentes huelgas realizadas y los actos de protesta, los LAJ buscan que se materialice una reforma de los decretos de retribución para «revertir la discriminación» que padecen respecto de otros cuerpos igualmente dependientes del Ministerio de Justicia. Apuntan que esa reforma sólo supondría 27 millones al erario público, que se quedarían en 13 millones por un decreto de sustituciones que sigue en vigor.
Y además, critican que Justicia les niegue la cláusula de enganche a las retribuciones de los jueces, «comprometida y asumida públicamente por el ministerio». «Lo más grave es que ni siquiera reclamamos una negociación, ésta fue aceptada en un principio por Pilar Llop y simplemente cuando llegamos a acuerdos, se negó a cumplirlos», explicaban en anteriores comunicaciones.
Fuentes del Ministerio indican a Europa Press que tras atender diversas reuniones a lo largo del año con los diferentes representantes, el departamento que dirige Llop ha cumplido tanto con la adecuación normativa de las retribuciones –avanzan que el 1 de enero se les integrará un nuevo pago de 30 euros al mes–, como con la mejora de retribuciones por entradas y registros.
Apuntan que también han modificado los concursos de traslado, han impulsado la convocatoria de elecciones al Consejo de Secretariado, han renovado las bolsas de letrados sustitutos, han implementado jornadas de formación y han diseñado un plan formativo para 2023.
Suman que se ha aprobado un plan concreto para retribuciones por sustitución, se ha incluido la mejora de la retribución a los encargados del Registro Civil en el plan de 2023, y avisan de que por tanto solo queda pendiente la revisión del sistema de productividad y el complemento de la carrera profesional.
