Vox y Cs arrancarán 2023 en el Congreso pidiendo cárcel para quien convoque referendos ilegales
Los de Abascal piden una consulta sobre la ilegalización de partidos independentistas y los de Arrimadas cerrar el paso a un referéndum
Vox y Ciudadanos arrancarán el nuevo año defendiendo en el Pleno del Congreso sendas iniciativas para recuperar la tipificación del delito por la convocatoria de referendos ilegales, una actuación que el Código Penal castigaba con cárcel entre 2003 y 2005.
El pasado miércoles, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de 2002, estos dos partidos interpelaron al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre la reforma del Código Penal que acabó con el delito de sedición y rebajó las penas por el de malversación, los dos tipos por los que fueron condenados los impulsores del proceso independentista catalán.
Tras esos debates, tanto Vox como Ciudadanos han registrado las mociones correspondientes que, en principio, no se someterán a debate hasta el próximo mes de febrero, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones parlamentarias.
LO PUSO AZNAR Y LO QUITÓ ZAPATERO
En sus respectivas mociones, a las que ha tenido acceso Europa Press, ambos coinciden en instar al Gobierno a recuperar aquel tipo penal que fue impulsado por el Gobierno del popular José María Aznar en 2003, tras el conocido como Plan Ibarretxe y que, dos años después, fue eliminado a instancias de Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, las dos formaciones instan al Gobierno, en palabras de Ciudadanos «a comprometerse a no asumir ninguna consulta en Cataluña relativa a la organización territorial del Estado». En su texto, Vox le reta a defender «con la máxima firmeza, en todas sus actuaciones, la unidad y continuidad de la Nación», frente quienes, a su juicio, «fundan su doctrina política en la destrucción de España».
En paralelo, los de Abascal reclaman al Gobierno que sea él quien convoque una consulta a través del artículo 92 de la Constitución para que los españoles se pronuncien sobre la conveniencia de ilegalizar «a los partidos separatistas» y a aquellos que «sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía». En concordancia, plantean cambiar la Ley de Partidos para incluir estas posturas como supuestos de ilegalización.
Los de Santiago Abascal también aprovechan su moción para solicitar que se despoje a las comunidades autónomas de las competencias que tienen transferidas sobre Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, por creen que es el «único medio» para lograr la «igualdad» entre los españoles y la «solidaridad» interterritorial.
CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN Y LA ÚLTIMA REFORMA PENAL
Ciudadanos también dedica varios de los puntos de su iniciativa a instar al Gobierno a poner fin a la «política de cesiones a las formaciones nacionalistas», a «disolver la mesa del chantaje», como los naranjas llaman al foro de diálogo entre los Gobiernos central y catalán y a reforzar la «igualdad» sustituir en la Constitución la distinción entre «nacionalidades y regiones» por «nación de libres e iguales».
Los de Inés Arrimadas aprovechan asimismo su moción para censurar las «declaraciones públicas coaccionando o señalando a los magistrados del Tribunal Constitucional» y «cuestionando a los tribunales» y para exigir «el acatamiento firme de cualquiera» de sus decisiones.
Por último, llaman a «revertir el desguace del Código Penal» que desde su punto de vista ha llevado a cabo el Ejecutivo a la «medida de delincuentes condenados». Por contra, aboga por agravar las penas en el Código Penal «para que hechos como los ocurridos en 2017 sean tipificados como rebelión, a partir de la ampliación de este delito», por recuperar el delito de sedición y por «revertir la rebaja de penas a políticos malversadores».
