La patronal de limpieza pide reformas legales para poder repercutir las subidas del SMI
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha solicitado al Gobierno la reforma de la Ley de desindexación y la Ley de contratos de sector público en el sector servicios (LCSP) para poder reequilibrar los contratos del sector con arreglo a las subidas del salario mínimo, según ha informado la patronal en un comunicado.
Entre sus peticiones, Aspel ha demandado que se reforme de la Ley de Desindexación, con la que se prohibió revisar los precios de la mayoría de contratos públicos de servicios, para garantizar el equilibrio en la contratación ante variaciones de los sueldos, las cotizaciones o el Salario Mínimo Interprofesinal (SMI).
Además, desde la patronal denuncian el «blindaje» de la Administración y reclaman que se eliminen las prórrogas obligatorias no revisables de hasta cinco años en los contratos, pues consideran que es algo «inasumible» para las empresas.
Estas demandas surgen después de la reunión fallida con el Ministerio de Trabajo y tras la publicación del informe de la Comisión Asesora en el que se recogen cuatro posibles incrementos del SMI en 2023 para distintos escenarios. El salario mínimo podría alcanzar los 1.046, 1.054, 1.066 o 1.082 euros mensuales, respectivamente, en catorce pagas, lo cual supondría una subida de entre el 4,6% y el 8,2%.
«La propuesta del Gobierno continúa olvidándose de los sectores de servicios esenciales como la limpieza, que llevamos años encajando sucesivas subidas del SMI, soportando sobrecostes de todo tipo», ha señalado el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos.
Suscriben la solicitud la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), junto a los sindicatos CC.OO. y UGT.
