Satse denuncia que a los partidos les «interesa más atacar al adversario político» que proteger a los sanitarios

El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que el rechazo a la toma en consideración de la proposición de ley contra la violencia en el ámbito sanitario demuestra que a la mayoría de los partidos les interesa más «atacar al adversario político» que proteger a los profesionales de las agresiones que sufren de «manera constante» a la hora de desempeñar su trabajo.

Así, la organización ha criticado el «espectáculo bochornoso» ofrecido por la «mayoría de los partidos políticos» durante la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el PP en el Pleno del Congreso de los Diputados, primando «en todo momento sus intereses particulares y partidistas» en lugar de defender al personal sanitario que sufre todo tipo de agresiones, tanto verbales (amenazas, insultos o descalificaciones) como físicas (empujones o puñetazos).

«Un grave problema que afecta especialmente a las enfermeras por su atención más cercana, estrecha y permanente con los pacientes y sus familiares. Un claro ejemplo fue la intervención del PSOE, que no entró en ningún momento a abordar el fondo de la propuesta normativa, limitándose a criticar la labor del PP durante sus años de gestión y a vanagloriarse de lo realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Necesitamos partidos políticos que, además de demostrar conocimiento, nivel y un proyecto claro, tengan altura de miras y no torpedeen iniciativas legislativas por cuestiones ideológicas que siempre pueden ser modificadas y mejoradas en su paso por la Comisión de Sanidad, a través de las enmiendas parciales», ha dicho Satse.

Asimismo, el sindicato no entiende como algunos partidos, como fue el caso del PSOE, subrayaron la necesidad de contar con más financiación pública para evitar las agresiones a los profesionales sanitarios, cuando en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna «no destina» los recursos económicos, humanos y materiales que en la tribuna de oradores del Parlamento sí cree necesarios sin sonrojarse ni un segundo.

«Produce enfado, vergüenza y una gran preocupación que los representantes políticos que aseguran defender el interés general en el Congreso de los Diputados se limiten a criticarse unos a otros y no quieran llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad y , en este caso, a los profesionales que garantizan una atención sanitaria y cuidados de calidad a más de 47 millones de personas», han apuntado desde la organización sindical.

Por ello, Satse ha solicitado a todos los partidos políticos que rechazaron la proposición de ley que expliquen a los «ocho de cada diez enfermeros que han sufrido una o varias agresiones a lo largo de su trayectoria», o a otros profesionales como los médicos, porque no han querido seguir dialogando y debatiendo para aprobar finalmente una norma que acabe con una «grave lacra que, lejos de desaparecer, se ha incrementado tras la pandemia del Covid-19».

En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece ciertos protocolos y actuaciones para luchar contra las agresiones, de manera independiente y descoordinada en el conjunto de España, y con «resultados dispares y siempre insuficientes», como lo acredita el permanente «incremento de agresiones», por lo que Satse ha vuelto a insistir en la necesidad de contar con una Ley estatal que ofrezca una respuesta conjunta, coordinada e igualitaria en el conjunto del Estado.

De igual manera, ha reclamado que se realice un análisis «exhaustivo» de las causas que provocan las agresiones y que, de manera «sistemática», las administraciones sanitarias se han negado a realizar tal investigación porque «son conscientes» de que la precariedad del sistema sanitario, «de la que son responsables», es lo que origina el «enfado y malestar de la ciudadanía».

No obstante, Satse ha reiterado que, pese a ser entendible el «hartazgo y frustración» de la población al constatar los problemas de recursos y medios que tiene nuestra sanidad pública, «nada puede nunca puede traducirse» en agresiones hacia unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo «todo lo posible» para que no repercuta en la atención y cuidados que reciben en cualquier centro sanitario y sociosanitario.