Montero considera «grave» que el TC «intente entrometerse» en el Congreso a petición del PP para frenar su renovación

Recuerda que la soberanía popular está en el Parlamento y le advierte de que puede crear una «crisis institucional» entre poderes

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha considerado de «gravedad» que el Tribunal Constitucional (TC) esté «intentando entrometerse» en el Poder Legislativo al haber convocado para este jueves un Pleno extraordinario en el que decidir si admite el recurso que presentó ayer el PP con el objetivo de parar la reforma con la que el Gobierno busca renovar la corte de garantías.

«El TC en este momento está intentando entrometerse justamente en esa tarea del Legislativo», ha advertido la ministra en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha denunciado que esto «no tiene precedentes en 40 años de democracia» y ha recordado que la soberanía popular «radica» en el Parlamento.

El Constitucional se reúne este jueves en un Pleno extraordinario para decidir si admite a trámite el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas introducidas en la reforma del Código Penal por las que se modifica el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A juicio de Montero, sería un «atropello» también «sin precedentes» que el Constitucional diera la razón al partido de Alberto Núñez Feijóo y frenara la tramitación parlamentaria con la que se pretende «desbloquear» la renovación del TC.

La ministra de Hacienda ha criticado que el tribunal haya convocado «en menos de 24 horas» tras el recurso del PP un Pleno «eludiendo la convocatoria de la Sala para debatir a propósito de una legislación que se está tramitando en el Congreso para desbloquear la renovación del órgano, que en este momento está intentando entrometerse justamente en esa tarea del Legislativo».

«NUNCA» EL TC CUESTIONÓ AL LEGISLATIVO

Montero ha señalado que esta situación puede calificarse «desde luego» de intromisión al ser «de tal gravedad», si bien ha confiando en que no prospere, porque si no –ha dicho– «supondría un atropello sin precedentes a la democracia y una crisis institucional de la que democracia no tiene memoria» entre los diferentes poderes del Estado.

Al ser preguntada sobre qué pasaría si el Constitucional obliga a suspender la votación del Congreso, Montero ha reiterado su confianza en que «no se produzca» e impere «la sensatez y el sentido común».

La ministra ha insistido acto seguido en que hasta ahora en democracia no ha habido una «interferencia de este tipo» en el Parlamento. «Nunca la tarea del Legislativo en el Congreso ha sido interferida ni siquiera cuestionada por parte del TC», ha abundado.

«En el Congreso radica la soberanía popular, es el centro de la democracia de nuestro país. Justamente de lo que se trata es del desbloqueo del Constitucional, y que el mismo órgano al que se intenta desbloquear sea el que interfiera para que no se produzca la normalidad en la tramitación de una legislación, todo el mundo lo puede ver esto como lo que es, un hecho gravísimo», ha concluido.

MALVERSACIÓN

Y respecto a la reforma de la malversación, Montero ha negado que los cambios en el Código Penal supongan una despenalización, sino que se refuerza la prevención, al cuestionarla por que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya advertido de efectos indeseados de aprobarse la propuesta planteada por PSOE y Esquerra Republicana.

«Los grupos independentistas lo que pretendían era despenalizar este tipo delito y el Gobierno lo que ha planteado, en concreto el PSOE, es que tenga reproche penal cualquier tipo de malversación de uso del dinero público que no sea el previsto, pero con diferente trato», ha apuntado, para distinguir entre la persona que se apropia de dinero para fines propios o para favorecer a terceros, del que por ejemplo usa un ayuntamiento al que se le otorga una subvención para construir un centro de salud y lo acaba desviando a pagar nóminas.