Los países de la OCDE acuerdan principios comunes el acceso del gobierno a datos personales en poder privado

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (GRAN CANARIA), 14

Los países de la OCDE han adoptado este miércoles el primer acuerdo intergubernamental en el marco de la Conferencia Ministerial de Economía Digital, que se celebra en Gran Canaria, centrado en el acceso de los gobiernos a los datos personales en poder de entidades del sector privado para «reforzar la confianza en los flujos de datos transfronterizos».

En concreto, en lo relacionado con la transformación digital de la economía mundial. Así se establece el modo en que los organismos de seguridad nacional y las fuerzas del orden público pueden acceder a los datos personales en virtud de los marcos jurídicos existentes.

Por ello, los países de la OCDE entienden esta Declaración como un «importante compromiso político» por parte de los 38 países de la OCDE y de la Unión Europea que lo han suscrito, si bien el documento está abierto a la adhesión de otros países.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ha apuntado durante la presentación de la Declaración que en la «era digital la capacidad de transferir datos a través de las fronteras es fundamental para todo», ya que ha señalado va desde el uso de las redes sociales hasta el comercio internacional y la cooperación internacional en cuestiones sanitarias a escala mundial.

Sin embargo, matizó, que sin una serie de principios y salvaguardias comunes, el intercambio de datos personales entre jurisdicciones «plantea problemas de privacidad, especialmente en áreas sensibles como la seguridad nacional».

Por ello, el acuerdo, que ha sido calificado de «histórico», reconoce formalmente que los países de la OCDE defienden normas y salvaguardias comunes, lo que entienden «contribuirá a facilitar los flujos de datos entre democracias regidas por el Estado de Derecho, con las salvaguardias necesarias para la confianza» de las personas en la economía digital y la «confianza mutua» entre los gobiernos en relación con los datos personales de sus ciudadanos.

Por contra, la declaración rechaza «cualquier enfoque del acceso de los gobiernos a los datos personales que resulte incompatible» con los valores democráticos y el Estado de Derecho.

El documento es el resultado de dos años de trabajo de la OCDE, llevado a cabo por un grupo de expertos de diversos países en materia de protección de datos, seguridad nacional y orden público. Al respecto, explican que el mismo surgió de la «creciente preocupación por la falta» de principios comunes en ámbitos «sensibles» como son la seguridad nacional y el orden público, una «carencia que podría conducir a restricciones indebidas» de los flujos de datos.

Añade que otra de las motivaciones detrás de esta iniciativa es el «anhelo de aumentar la confianza» entre los distintos sistemas democráticos regidos por el Estado de Derecho que, puntualiza «no son idénticos», pero «tienen importantes» aspectos en común.

La Declaración complementa las Directrices de la OCDE sobre privacidad, uno de los logros «más importantes» de la Organización, que se remontan a 1980 y que constituyen la base de las normas sobre privacidad de muchos países.

Actualizadas por última vez en 2013, las Directrices sobre privacidad proporcionan un punto de referencia común para la protección de los datos personales y tienen como fin facilitar los flujos de datos transfronterizos al tiempo que «defienden los valores democráticos, el Estado de Derecho y la protección de la privacidad», así como otros derechos y libertades.

Añade que un «aspecto crucial» es que prevén excepciones por motivos de seguridad nacional y de orden público. Esta nueva Declaración articula un conjunto de principios compartidos que reflejan aspectos comunes extraídos de las prácticas y leyes vigentes en los países miembros de la OCDE y que se complementan entre sí a la hora de proteger la privacidad, así como otros derechos humanos y libertades.

Los principios establecen el modo en que los marcos jurídicos regulan el acceso de los gobiernos a los datos personales; las normas jurídicas que se aplican cuando se solicita el acceso; cómo se aprueba el acceso y cómo se tratan los datos obtenidos, así como los esfuerzos de los países para dotar de transparencia todo el proceso. También abordan cuestiones «más espinosas», tales como los mecanismos de supervisión y reparación, que durante «muchos años han supuesto un escollo» en los debates políticos.

Por último, aseguró que la Declaración sobre el acceso de los gobiernos «es un hito importante» en el trabajo de la OCDE para ayudar a los países a promover la confianza en los flujos de datos transfronterizos, además de que «complementa» el proyecto Going Digital de la OCDE, que en su actual y tercera fase se centra en la gobernanza de datos para el crecimiento y el bienestar, así como propone soluciones con una «sólida base empírica» para los desafíos fundamentales en materia de gobernanza de datos a los que se enfrentan los países.

Los resultados de esta fase del proyecto, concluida en la Conferencia ministerial, se reflejan en la Going Digital Guide to Data Governance Policy Making y en el informe Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being.