El Gobierno de Perú convoca a los embajadores de México, Argentina, Bolivia y Colombia por su apoyo a Castillo

La ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha convocado a los embajadores de México, Bolivia y Argentina en el país andino, así como el encargado de Negocios de Colombia, después de que sus países firmaran un comunicado conjunto expresando su preocupación por la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo.

«Hoy convoqué a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y encargado de negocios de Colombia. Les reiteré que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de Estado», ha aseverado Gervasi en un mensaje en la red social Twitter.

Según ha detallado la jefa de la diplomacia peruana, ha entregado notas formales dirigidas a los ministros de Exteriores de dichos países en los que el Gobierno de Perú transmite su reacción frente al comunicado conjunto emitido por sus gobiernos sobre la situación política que enfrenta el país.

Estos hechos tienen lugar un día después de que los Gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina publicaran un comunicado expresando su preocupación por la destitución y detención del exmandatario de Perú Pedro Castillo, haciendo un llamamiento a las instituciones del país andino a respetar «la voluntad ciudadana en las urnas».

«Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», afirmaron en la misiva los ejecutivos mexicano, colombiano, boliviano y argentino.

En este sentido, exhortaron a los poderes del Estado a abstenerse de «revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», solicitando a su vez que respeten «a cabalidad los Derechos Humanos del presidente Pedro Castillo y se le garantice la protección judicial».

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