Cs pide al comisario Reynders frenar la «deriva populista» de Sánchez por las mayorías del CGPJ y la malversación

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha denunciado ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, los cambios de mayorías en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los nombramientos del Tribunal Constitucional, la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, reclamando que la Comisión Europea intervenga ante «la deriva populista» del Gobierno de España.

El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión de delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y, por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos.

Por otra parte, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley que suprime el delito de sedición y que incluye una reforma del delito de malversación pactada por PSOE y ERC. Se trata de los dos delitos por los que fueron condenados los líderes independentistas por el referéndum ilegal de 2017. La iniciativa pasará ahora al Pleno del Congreso.

En la carta, dirigida también a la comisaria de Estado de Derecho, Vera Jourová, Pagazaurtundua denuncia los movimientos del PSOE «para hacerse progresivamente con el órgano de gobierno de los jueces» y «su estrategia de atemorizarlos a través de una campaña creciente de deslegitimación», una combinación que, según lamenta, «rompe la barrera de separación de poderes del Estado democrático».

«Una reforma que ha sido tachada por juristas y organizaciones de jueces de inconstitucional : permite fraccionar la renovación para hacerla de dos en dos, cuando la Constitución exige en su artículo 159.3 que debe hacerse de cuatro en cuatro; permite que se tipifique como delito el retraso en la renovación por parte del CGPJ y suprime la facultad de Pleno del Tribunal Constitucional de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por los nuevos magistrados», señala.

CONTRA EL CONSEJO DE EUROPA

Además, según la eurodiputada, la reforma «va justo en contra de el espíritu de la decisión del Consejo de Europa de que la mayoría de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces sean elegidos por jueces», algo en lo que Reynders insistió en su visita a España para interesarse por el bloqueo de cuatro años en la renovación del CGPJ.

«Va en contra de ese espíritu pues ahonda en el control político», expone, antes de advertir de que España va a pasar «de un sistema en el que los grandes partidos pueden bloquear el órgano judicial, a uno en el que el partido mayoritario lo comande directamente». «Es de extrema gravedad y de consecuencias inmediatas en toda la estructura judicial», incide, según un comunicado de la formación naranja .

La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo subraya que estos cambios garantizan las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez, que aprobó hace una semana el Consejo de Ministros.

SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN

La eurodiputada indica que la reforma coincide «con otras no menos graves» como las de la eliminación del delito de sedición, que según ella «supone implantar la impunidad de hechos ya juzgados de violación del Estado de Derecho y supone bajar el coste de futuros atentados contra la Constitución», y la reforma del de malversación, que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal español.

Puesto que en España no hay ingreso en la cárcel por penas de dos años, «se trata de un traje a la medida de varios dirigentes independentistas procesados por malversación, tales como Lluís Salvadó y José María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente de la Generalitat e interlocutor actual del Gobierno central para las negociaciones legislativas en el Congreso».

«La acumulación de reformas judiciales que dañan directamente el sistema democrático español, con la captura de los principales órganos judiciales por parte del Gobierno, debe ser analizado en profundidad por la Comisión Europea en el marco de su control del cumplimiento del Estado de Derecho», avisa Pagazaurtundua, que también advierte de que «no actuar ahora supondría un ejercicio de desidia con consecuencias imprevisibles y probablemente irreparables».