PSOE y Podemos planean recurrir por tercera vez a un pleno extra en el Congreso para la ley que suprime la sedición

La tramitación exprés no toma pausas y el martes ya se aprobará en la Comisión de Justicia

El PSOE y Unidas Podemos están barajando la posibilidad de recurrir por tercera vez a la celebración de un pleno extra en el Congreso para su proposición de ley que elimina el delito de sedición, que sigue su tramitación exprés en la Cámara tras la presentación este viernes de las enmiendas parciales.

Los partidos que forman parte del Gobierno ya recurrieron a este mecanismo del pleno extra en el primer examen parlamentario, cuando se votó la toma en consideración a la una de la mañana, y una semana después repitieron para rechazar los textos alternativos de PP, Vox, Cs, Junts y CUP.

Una vez presentadas las enmiendas al articulado, la reforma del Código Penal entra en su recta final en el Congreso y se pretende completar todas las fases la próxima semana. De entrada, la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE, Unidas Podemos y ERC suman tres votos frente a los dos que tiene el PP, decidió convocar el lunes día 12 la ponencia para discutir a puerta cerrada las enmiendas parciales, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El plan es que al día siguiente se vote su informe en la comisión y, de cumplirse este calendario, la proposición de ley quedaría lista para su debate en Pleno, ya que es una ley orgánica que necesita ser aprobada por mayoría absoluta en sesión plenaria.

Y ese mismo martes se reúne la Junta de Portavoces que debe poner fecha a la votación final, pero como el orden del día del próximo Pleno ya está hecho y su modificación requiere una unanimidad que resulta imposible, ya que PP, Vox y Ciudadanos no lo aceptarían, el PSOE y Podemos barajan volver a organizar una nueva sesión plenaria el jueves 16 de diciembre dedicada a la aprobación final de la proposición de ley para su remisión al Senado.

DESPACHADA EN CINCO SEMANAS

Es decir, que esta reforma del Código Penal va a completar su tramitación en el Congreso en poco más de un mes. Y eso que se trata de una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, lo que los juristas llaman La Constitución en negativo , en la que no sólo se aborda el fin del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés , sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso, se incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver y vía enmienda se pretende también crear el delito de enriquecimiento ilícito o incluso modificar el de malversación.

De entrada, y al tratarse de una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición, la iniciativa ya se registró sin contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

La Mesa del Congreso le dio su visto bueno el 14 de noviembre y la envió al Gobierno para el trámite de dar su conformidad. El Ejecutivo cuenta con 30 días para ejercer su capacidad de veto ante iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos. Pero esta vez le sobraron 29 días para pronunciarse y apenas 24 horas después de que se le remitiese la proposición de ley desde la Mesa del Congreso, el Ejecutivo registró su escrito de conformidad para la tramitación.

CRITICAS FORMALES DE LOS LETRADOS DEL CONGRESO

Sí hubo un informe de los letrados de la Cámara que puso muchos peros formales a la reacción de la iniciativa, recordando que ya había en tramitación otra reforma penal similar de trasposición de legislación europea y que debía cambiarse la denominación para dejar claro que la iniciativa suprime el delito de sedición, no sólo que modifica el de desórdenes públicos.

El PSOE y Unidas Podemos pidieron que se tramitara por el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar los plazos de enmiendas a la mitad. De hecho, el pasado 29 de noviembre los dos sumaron fuerzas en la Mesa del Congreso para acortar aún más los plazos y dar sólo tres días para presentar las enmiendas de totalidad, que se debatieron dos días después.

Todo ello siguiendo la hoja de ruta del Gobierno de coalición para que el fin del delito de secesión, el que sustentó las condenas de los líderes del proceso independentistas de 2017, se apruebe antes de fin de año y pueda esta en vigor lo antes posible.