El Gobierno otorga 306 millones de euros a ayuntamientos para rehabilitar edificios públicos
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido 306 millones de euros en ayudas de los fondos europeos a 378 entidades locales para rehabilitar edificios públicos de su titularidad, lo que implicará directamente a unos 16 millones de ciudadanos de todas las provincias.
Se trata de la línea 1 del programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep local), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que persigue la rehabilitación del parque público institucional con los criterios de la Ley de Calidad de la Arquitectura, la Agenda Urbana Española y la Nueva Bauhaus europea: sostenibilidad, estética e inclusión.
El objetivo del programa es ayudar a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, garantizando la reducción de más del 30% del consumo de energía primaria no renovable, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación del parque edificatorio.
En total, El Ministerio financiará 402 actuaciones de las 1.065 presentadas por municipios, diputaciones, cabildos y consells insulares. El 79% de los proyectos seleccionados se encuentran en municipios de menos de 50.000 habitantes, teniendo una especial relevancia aquellos de menos de 5.000 habitantes, los denominados de reto demográfico, donde se van a ejecutar 171 proyectos de rehabilitación con cargo a la línea 1 del Pirep local.
El 56% de los edificios a rehabilitar se destinan a uso cultural, educativo, deportivo, así como sanitario y asistencial, suponiendo en su conjunto cerca del 88% de la financiación de esta primera línea.
En concreto, hay 151 actuaciones destinadas a uso cultural que concentran el 60% de la financiación concedida, 30 actuaciones destinadas a uso deportivo (14%), 31 destinadas a uso educativo (11%) y 15 orientadas a uso sanitario y asistencial (3%).
El 67,3% del presupuesto asignado se destina a intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100%, y el 32,7% restante se destina a mejorar la sostenibilidad ambiental en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad, y a reforzar la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación de los edificios, entre otras.