La Seguridad Social asegura que la ampliación del periodo de cálculo va en línea con el Pacto de Toledo

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha asegurado este viernes que la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización, está en línea con la recomendación 11 del Pacto de Toledo.

Suárez se opone así a los sindicatos y a la patronal, que sostienen que esa extensión del periodo de cálculo no está recogida en el Pacto de Toledo y que, por tanto, carece de consenso político.

«Respeta escrupulosamente lo que está comprometido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), en el componente 30, y se ajusta a la recomendación 11 del Pacto de Toledo. Recomiendo la lectura de esas recomendaciones. Yo participé como apoyo técnico, conozco bien la gestación», ha manifestado el secretario de Estado en la rueda de prensa de presentación de los datos de afiliación de noviembre.

La recomendación 11 alude a la necesidad de reforzar la contributividad del sistema de pensiones, con una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado.

Suárez ha invitado a tener en cuenta «todos los elementos de esa recomendación» y dejar de lado la «glosa y análisis de lo que dice o deja de decir». El secretario de Estado ha insistido en esa contributividad que recoge la recomendación 11 y ha matizado que la propuesta del Gobierno «no es una ampliación sin más del periodo de cómputo», sino que se basa en «un planteamiento más completo, más complejo», que añade «elementos que no han estado presentes en otras reformas».

La Seguridad Social sostiene que esta extensión del periodo de cálculo, con la posibilidad de dejar fuera los dos peores años de cotización, es «más equilibrada» y resulta «más atractiva para alguien que se incorpora al mercado de trabajo».

Suárez ha señalado que el objetivo es ajustar la regla a las carreras irregulares, «que se interrumpen y dan lugar a situaciones de desempleo antes de la jubilación», así como a «los problemas que tiene la cobertura de lagunas de las mujeres».

Las negociaciones, retomadas esta semana con dos reuniones, cuentan, de entrada, con el escepticismo de los sindicatos y la patronal hacia buena parte de las propuestas del Gobierno.

Suárez ha preferido ser «muy prudente» con sus valoraciones al respecto y ha defendido que la Seguridad Social está trabajando «muy intensamente» y «haciendo muchos números» para dar forma a estas medidas.

También ha recordado que la adecuación del periodo de cómputo de las pensiones es un compromiso del Ejecutivo con Bruselas dentro del PRTR, y espera que se cumpla «en tiempo y forma» como ha ocurrido con el resto de reformas.

«Nos falta dar este último paso. Hay que confiar en los procesos de negociación, que siempre son complicados y hay que confiar que llegue a buen puerto», ha añadido.

La propuesta que el Ministerio de José Luis Escrivá trasladó el pasado lunes a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Escrivá anunció hace unas semanas que la reforma se aprobará por Real Decreto-Ley.