El Gobierno quiere evitar el cierre del centro de día de Castro aunque la empresa «se niega» a prorrogar el contrato
Busca alternativas para mantenerlo abierto hasta que comiencen las obras pero «ninguna ha sido posible de momento»
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en alternativas que permitan mantener abierto el centro de día de Castro Urdiales, cuyo cierre está previsto el 31 de diciembre, después de que la empresa que lo gestiona «se haya negado» a seguir prestando el servicio hasta que empiecen las obras para construir una residencia en el edificio.
Según la consejera, se trabaja para que el centro pueda seguir abierto hasta el comienzo de las obras –aún no está listo el proyecto, que se entregará en abril y a continuación se procederá a la licitación– o para que se siga prestando el mismo servicio en otro lugar dentro del municipio y evitar así que los usuarios tengan que desplazarse a otros centros, pero las opciones estudiadas «de momento» no son viables.
Por ello, se está en contacto con los 25 usuarios del centro de día y sus familiares para ofrecer un plan alternativo y que puedan recibir la atención en otros centros si finalmente no es posible mantener el suyo abierto a comienzos de 2023.
Gómez de Diego ha respondido así en el Pleno del Parlamento de este lunes a preguntas de la diputada del PP Isabel Urrutia sobre estas instalaciones, en torno a las que ha lamentado que «la única certeza a día de hoy» es que, para construir algo de lo que «no tienen ni proyecto» se van a cerrar el 31 de diciembre.
Además de criticar el «oscurantismo» en torno a la iniciativa de construir la residencia, de la que ha lamentado enterarse por los usuarios que han recibido la notificación, la popular ha señalado que se ha cerrado la lista de atención y a los usuarios «se les trasladará en furgoneta a centros como mínimo a 20 kilómetros de distancia» porque al Gobierno «le ha pillado el toro», pues sabía que la empresa no iba a continuar prestando el servicio y aún así no ha buscado una alternativa a tiempo.
Por ello, ha lamentado que Gómez de Diego culpe a la empresa cuando «tiene instrumentos» que permiten a la Consejería mantener el centro abierto hasta que comiencen los trabajos.
Mientras, la consejera ha explicado que el cierre «no es una decisión del Gobierno de Cantabria, es una decisión de la empresa», que comunicó al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que no continuaría con el servicio por ser «deficitario».
Fue entonces cuando el Ejecutivo decidió mejorar los servicios en un espacio que está «claramente infrautilizado» y hacer las obras –cuyo plazo de ejecución es de ocho meses– para habilitar en la planta baja el centro de día y en las dos superiores una nueva residencia.
Gómez de Diego ha incidido en que la empresa se ha negado a prolongar el servicio –«nos lo han dejado bien claro, de ninguna de las maneras»– y que se han valorado varias posibilidades para «evitar perjuicios» a los usuarios, desde compatibilizar obras con el mantenimiento del centro hasta trasladarlo a otra ubicación en el municipio, pero «por diferentes razones ninguna de ellas ha sido posible de momento».
SEIS INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, OKUPADOS
Además, Gómez de Diego ha sido cuestionada, también por el PP, por las okupaciones ilegales en inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria, así como los procedimientos judiciales en marcha para su desalojo y las medidas en marcha para evitar que se produzcan más casos.
La consejera ha explicado que, en la actualidad, están okupados ilegalmente seis inmuebles propiedad del Ejecutivo regional: dos viviendas de Gesvican (sociedad dependiente de la Consejería de Obras Pública) –una en Santander y otra en Torrelavega– y, además, en Argoños cuatro inmuebles que forman parte del Fondo de Derribos y que tienen sentencia de demolición.
Gómez de Diego ha explicado que en estos momentos el Gobierno de Cantabria tiene abiertos tres procedimientos penales y dos civiles para el desalojo de los inmuebles okupados ilegalmente.
Ha indicado que por la okupación de la vivienda de Gesvican en Santander, ya hay una sentencia firme favorable a esta sociedad pública en la que se condena al demandado a dejar libre la misma, una resolución que se encuentra en fase de ejecución.
En relación a la de Torrelavega, el demandado ha interpuesto un incidente extraordinario de suspensión del desahucio por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.
Respecto a las okupaciones de los inmuebles del Fondo de Derribos en Argoños, ha señalado que Gesvican –sociedad dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo– interpuso sendas denuncias ante la Guardia Civil de Santoña los días 11 de abril, 13 de mayo y 21 de julio.
Además, el pasado 25 de mayo Gesvican denunció la okupación de un cuarto de bicicletas situado en la planta baja de un edificio de su propiedad en Torrelavega, que ha derivado en un procedimiento de juicio por delito leves que está en tramitación.
Tras conocer estos datos, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha reprochado a la consejera que mantenga que la okupación no es un problema en Cantabria cuando seis inmuebles del Gobierno están en esta situación, a los que habría que sumar otros casos de particulares. Así, se ha preguntados «cuántas viviendas» tienen que ser okupadas ilegalmente para que Gómez de Diego considere que hay un problema.
