Fedea cuestiona la futura Ley de Empleo por contener avances «menores o inexistentes»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un artículo del profesor Miguel Ángel García en el que cuestiona el proyecto de Ley de Empleo, actualmente tramitándose en las Cortes, por contener avances «menores o inexistentes» que impedirán que la norma contribuya «significativamente» a la «muy necesaria mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo en España».

En su artículo, el profesor García, investigador asociado de Fedea, critica que el proyecto de ley no explicite las ventajas de transformar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Estatal de Empleo, siendo éste además el objetivo central de la nueva norma.

Asimismo, García señala que, aunque la futura ley realiza «un ejercicio de ordenación de las hasta ahora poco efectivas políticas de empleo», estableciendo un catálogo de servicios garantizados de empleo, no se garantiza, en cambio, la aportación de los medios financieros y de personal necesarios para ello.

«Disponer de un catálogo de servicios común a todos los territorios en políticas de empleo puede ser un avance siempre que se disponga de los medios y recursos suficientes para garantizar su cumplimiento, evitando así conflictos y frustraciones en las personas beneficiarias y en los trabajadores de los servicios de empleo», advierte García.

Asimismo, alerta de que las obligaciones de los servicios públicos de empleo contempladas en la ley son «ambiciosas» al menos en materia de plazos y «genéricas y vaporosas» en el caso de las establecidas para los usuarios.

«A los primeros se les imponen obligaciones muy concretas a cumplir en plazos breves (un mes, en algún caso), mientras que a los segundos, si bien se observa un avance al endurecer las posibles penalizaciones, las causas para su aplicación se describen en términos muy vagos, remitiendo su concreción a un posterior desarrollo reglamentario. Esta fórmula no parece suficiente para incentivar en el grado necesario la activación de las personas en desempleo», apunta el artículo.

Para García, la imposición a la administración pública de obligaciones y plazos «no realistas», como la obligación de elaborar en un mes un itinerario individualizado establecida en la norma, «debilita la solidez y la utilidad» de la misma, en mayor medida cuando dicha obligación no está acompañada de la disposición de los recursos necesarios para cumplirla.

Asimismo, el profesor García critica que el proyecto de ley de Empleo, pese a mencionar «muchas» veces la necesaria coordinación entreadministraciones públicas, no desarrolla la forma de llevarla adelante de manera efectiva. Cree además que la norma no ayuda a casar la oferta y la demanda de empleo y que «no aporta soluciones» para conseguir que los programas formativos de empleo se adapten a las necesidades de las personas y del tejido productivo.

«Los avances en el resto de las materias son menores o inexistentes, de manera que parece complicado que la nueva ley, en caso de aprobarse con la actual redacción, pueda contribuir significativamente a la muy necesaria mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo en España», resume.

García opina que «una parte no menor» de las actuales deficiencias de las políticas activas de empleo podrían solucionarse sin cambios normativos, a través de la modernización de las herramientas utilizadas en el mercado laboral; de una mejor organización de los servicios de empleo, con más medios materiales y humanos; y de programas de formación e incentivos para el empleo «ajustados a las necesidades reales del tejido productivo y a las posibilidades de los demandantes de empleo».