IU propone para comicios de mayo gravar pisos vacíos y centros comerciales y quitar beneficios fiscales a rentas altas

IU apuesta entre sus ejes programáticos para las elecciones de mayo por un nuevo sistema de financiación autonómica y ahonda en una reforma fiscal «progresiva», tanto a nivel municipal como regional, para «garantizar» y «fortalecer» los servicios públicos con mayor carga tributaria a grandes fortunas, que ponga fin a la «deserción fiscal de los ricos».

Y para ello defiende desplegar un verdadero impuesto a la riqueza reformulando el de Patrimonio, exenciones tributarias a los vehículos limpios, recargo en el IBI a propietarios de viviendas vacías o crear un impuesto a grandes superficies y cadenas comerciales para políticas de protección al pequeño comercio.

Así lo contempla el borrador del programa marco, al que ha tenido acceso Europa Press, para esta cita electoral y que abordará la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano directivo, antes de darle la forma definitiva.

Las directrices principales de sus propuestas se presentarán públicamente en el encuentro con alcaldes y ediles de la organización en la localidad de Rivas, arropados por el coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Con este evento IU pretende visualizar su fuerte implantación territorial de cara a estas elecciones, al poner en valor los 2.000 ediles que ostenta y los 200 consistorios que dirige en todo el país.

Una cita que sirve para movilizar a la organización para el nuevo ciclo electoral al encomendar, a sus federaciones y su estructura local, a diseñar programas electorales que ilusionen a la clase trabajadora y sean abiertos a la participación de colectivos sociales.

Así y mediante sus líneas programáticas centrales, IU se compromete a avanzar en una nueva descentralización administrativa del país, potenciar el estado del bienestar, impulsar la transición energética, mantenerse a la vanguardia del feminismo, auspiciar un nuevo modelo de comercialización de productos alimentarios con criterios de sostenibilidad ambiental y, sobre todo, enfatiza en el rediseño del sistema tributario.

TERMINAR CON EXENCIONES Y BONIFICACIONES A RICOS Y LA IGLESIA

De esta forma, propone incluir una escala progresiva en el IBI, junto a un recargo en este impuesto a las viviendas vacías de cara a incentivar el mercado del alquiler, en línea con lo propuesto en el proyecto de ley estatal de vivienda.

Además, en este tributo defiende «revisar y eliminar» tanto exenciones como bonificaciones que gozan actualmente determinados propietarios, especialmente en el caso de los inmuebles de la Iglesia no relacionados con actividades de culto.

Planteamiento análogo despliega para el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que quieren hacer más progresivo y quitar beneficios fiscales a automóviles de alta gama. En esta figura impositiva busca introducir criterios medioambientales con exenciones a los coches menos contaminantes. También reivindica suprimir las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas con facturación superior al millón de euros.

Y en materia autonómica uno de los ejes programáticos es impulsar un nuevo sistema de financiación, con reparto de recursos que tenga como criterio la «calidad» deseable de los recursos públicos y termine con la «competencia fiscal» entre regiones. Y es que concluye que el modelo de 1997, que permite a las CCAA modular la presión fiscal de tributos cedidos, es «perverso» en materia de equidad y ha beneficiado a las rentas más altas y el «dumping fiscal» de Madrid.

De esta forma, hace un llamamiento a remodelar un sistema que infrafinancia a muchas comunidades y deja diferencias de hasta 35 puntos en el reparto de ingresos. Por tanto, plantea mecanismos asegure la cobertura financiera de todos los servicios públicos, que prime a las personas y no a los territorios con un modelo fiscal que capte más ingresos.

En este caso, el criterio de IU pasa por eliminar la capacidad normativa autonómica sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF, impedir deducciones de gasto educativo que «solo repercuten» en los usuarios de la enseñanza privada y prohibir que se bonifique el impuesto de Sucesiones y Donaciones a partir de un millón de euros.

A su vez, la formación se compromete a reconfigurar el impuesto de Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las «grandes fortunas», que en línea con el nuevo impuesto estatal marque un mínimo exento de hasta un millón de euros, con una tarifa idéntica para toda España y sin dar capacidad a las autonomías para bonificar el tributo a partir de esta cifra.

NUEVA LEY PARA FINANCIAR MEJOR A LOS AYUNTAMIENTOS

De nuevo en el plano municipal, demanda la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad local, e impulsar una nueva ley sobre competencias y financiación local para potenciar la autonomía de los entes locales, defina con claridad los servicios que asumen los ayuntamientos y garantice recursos económicos suficientes para desplegarlos.

También el borrador del programa marco a los comicios de mayo demanda suprimir la ley de estabilidad presupuestaria, que restringe el crecimiento de gasto y obliga a usar los superávits solo para devolver deuda.

A su vez, aboga por elevar el nivel de participación en los tributos estatales hasta alcanzar el 2,5% del PIB en la próxima legislatura, lo que equivale en 8.000 millones más al año de ingresos para los entes locales. Misma cantidad adicional se contempla en el programa de IU al subir la cuota local de los ingresos autonómicos sobre el 1% del PIB.

El esbozo de programa marco de IU enfatiza en el impulso de las políticas de participación ciudadana a nivel local, una de las banderas de los denominados ayuntamientos del cambio que la izquierda gobernó tras los comicios de 2015.

ELEVAR LA CANTIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Para ello se compromete a aprobar una carta de derechos de participación de la ciudadanía, para dar mayor papel a los vecinos en la tramitación de las medidas gestadas desde los consistorios, y garantizar que los presupuestos participativos (iniciativas que plantean los propios residentes) alcancen un 5% de las cuentas públicas anuales.

El impulso de procesos de auditoría de la deuda municipal y una regulación «estricta» de régimen de incompatibilidades de cargos públicos (impidiendo contratar con empresas cuyos gestores trabajaron en la administración los últimos tres años) son otras de las propuestas centrales de IU.