Sánchez evita aclarar si se reformará el delito de malversación y se remite al trámite parlamentario

Insiste en que sigue habiendo instrumentos para que el Estado se proteja «ante cualquier intento de violentar el orden constitucional»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado aclarar si se va modificar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas del procès en Cataluña y se ha remitido al trámite parlamentario de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición.

Al ser preguntado sobre si existe margen para modificar el delito de malversación en el Código Penal, Sánchez ha respondido que «eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria» y por tanto ha evitado confirmar o rechazar esta posibilidad, en la misma línea que ha mantenido durante las últimas semanas.

Sánchez hacía referencia así al periodo de enmiendas que comenzará tras la toma en consideración de la iniciativa. Esquerra manifestó su deseo de aprovechar la derogación de la sedición para modificar también la malversación, pero con el paso del tiempo parece que su intención inicial se ha enfriado y podría dejarse para más adelante.

En declaraciones en el patio del Congreso tras la aprobación de los Presupuestos, Sánchez ha insistido en que su voluntad es «homologar» el Código Penal «a los estándares de las democracias europeas» más consolidadas.

EL 155 Y EL CÓDIGO PENAL

En este sentido ha señalado que se deben extraer lecciones de lo ocurrido en 2017, cuando se produjo una declaración unilateral de independencia y se aprobaron leyes de desconexión en el parlamento catalán y que sigue habiendo instrumentos para proteger al Estado y la Constitución.

Sánchez considera que la política tiene los instrumentos del «diálogo y el reencuentro» y la Constitución cuenta con el artículo 155 «ante cualquier intento de violentar el orden constitucional».

Además, según ha continuado, el Estado de Derecho, «continuará tendiendo instrumentos para protegerse» aunque en este caso «con penas homologables a las de las principales democracias europeas», ha terminado.

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