La Portavoz del Gobierno justifica eliminar la sedición en que el Código Penal actual dificulta la convivencia
Sostiene que con los tipos penales en vigor y el 155 se vivió uno de los momentos más dramáticos de la democracia
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez ha justificado la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno y que conlleva la eliminación del delito de sedición, en que la normativa vigente dificulta la convivencia en Cataluña.
Así, ha indicado que el objetivo de esta reforma persigue el objetivo final de «trabajar por la convivencia» que «claramente se vio dificultado por la normativa que estaba en vigor en nuestro país», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.
En esta misma línea ha sostenido que la situación actual no es la misma que se vivía en 2017 –cuando los líderes independentistas llevaron a cabo las leyes de desconexión y la declaración unilateral de independencia– ni tampoco en 2019 –cuando el Tribunal Supremo dictó las sentencias de prisión contra los mismos–.
Así, ha señalado que esta mejoría ha sido gracias a la política «a no dejar todo en manos de la respuesta penal, a no dejar todo al ámbito jurídico», ha añadido. Asimismo ha continuado diciendo que «se demostró que entonces con un 155, con un Código Penal que hoy está en vigor, aquello fracasó y vivimos uno de los peores momentos y más dramáticos en la democracia en nuestro país», ha indicado.
RESPETA LAS CRÍTICAS DE LOS FISCALES
En esta misma línea Rodríguez ha sido cuestionada sobre las críticas emitidas por la Asociación de Fiscales (AF), la agrupación mayoritaria de este colectivo, que advirtió que con la reforma del Código Penal propuesta por PSOE y Unidas Podemos el Estado quedaría «indefenso» para poder enjuiciar hechos como los sucedidos en Cataluña en 2017. Esta asociación rechazó también que se reforme la ley por «intereses de personas o situaciones concretas» y puso en duda su constitucionalidad.
A este respecto, la portavoz afirmó que respetan a cualquier colectivo pero que «es el Gobierno quien tiene que velar por la convivencia en el país», al tiempo que ha insistido en que se ha avanzado muchísimo y nadie discute «el hecho objetivo» de que a día de hoy la vida en Cataluña y en el resto de España «ha mejorado notablemente», según ha afirmado.
Así, ha indicado que el Ejecutivo lo que ha hecho es trabajar por la convivencia y la concordia, y que el mismo respeto que pide para todos los operadores jurídicos lo reclama también para el Poder Legislativo, que es el encargado de la proposición de ley.
LA MALVERSACIÓN, «UN FUTURIBLE» QUE NO SE SABE SI VA A SUCEDER
Por otro lado, sobre la posible reforma del delito de malversación, ha insistido en que el compromiso del Gobierno está recogido en la citada proposición de ley y por tanto ha señalado que no manifiesta su opinión sobre algo «que no ha sucedido y no sabemos siquiera si va a suceder».
En esta misma línea ha afirmado que el Gobierno no puede pronunciarse sobre «futuribles» y que tampoco ha visto que ningún grupo parlamentario «haya apuntado ninguna manifestación más» respecto al delito de malversación.
