Asociación de Fiscales dice que si la Fiscalía hubiera actuado antes no se le acusaría de «dar cobertura al Gobierno»
Advierte que esa actuación no garantiza que los tribunales sigan rebajando condenas
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, considera que el decreto dictado este lunes por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que los fiscales den una «respuesta uniforme» a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de la Ley solo sí es sí llega «tarde» y asegura que si se hubiera adelantado a la entrada en vigor de la ley «nadie hubiera afirmado que la Fiscalía General del Estado (FGE) da cobertura al Gobierno».
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Dexeus ha lamentado el retraso que se ha producido en la elaboración de este escrito que llega 45 días después de la entrada en vigor de la ley. «Tendría que haber salido para que todos supiéramos a que atenernos. Si hubiera salido con antelación a la entrada en vigor de la ley o al tiempo de su entrada en vigor, nadie hubiera podido afirmar que la FGE está dando cobertura al Gobierno», ha apuntado.
Cuando se producen reformas importantes en el Código Penal, Dexeus ha aseverado que es «necesario» unificar la aplicación de la nueva normativa o del derecho transitorio para que todos los fiscales en España tengan una intervención similar. «Esa es una de las funciones propias y característica de la FGE», ha indicado.
En cuanto al decreto en sí, Dexeus ha señalado que «entra dentro de lo previsible» y «técnicamente es correcto» porque «mantiene una interpretación de la Fiscalía en materia del derecho transitorio y remite a la interpretación que se hizo de la disposición transitoria segunda cuando entró en vigor el Código Penal de 1995». «Parece que es todo muy razonable y previsible», ha apuntado.
EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
Así, preguntada acerca de si se puede sacar la conclusión de que ya no va a haber ninguna rebaja de penas de condenas que estén cumpliendo agresores sexuales, la jurista ha respondido que «no», precisando que «la conclusión es que en principio hay que valorar la pena imponible con el nuevo Código Penal o con la nueva regulación tras la reforma y la regulación previa a esa reforma en bloque».
«Lo que no se puede hacer es extraer de un bloque legislativo lo más conveniente y de otro lo más conveniente para hacer una nueva legislación favorable al reo», ha puntualizado a renglón seguido.
Asimismo, sobre la revisión de sentencias, ha señalado que «en aquellos casos en los que con la nueva regulación la pena máxima sea menos que la que se impuso en sentencia porque entonces el marco punitivo era más amplio hacia arriba, sí que habrá que hacer esa revisión». «Por tanto, habrá revisiones de sentencias», ha añadido.
Con todo, Dexeus ha apuntado que el Consejo Fiscal también alertó en su informe de que podía haber rebaja de las penas y que, incluso, elaboró un cuadro de resultado de penas «teniendo en consideración la legislación vigente en aquel momento y la que se pretendía aprobar y que ahora ya está rigiendo». «Alertados estuvieron», ha enfatizado.
