Calviño confirma que este martes se aprobará la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, después de haber recibido el dictamen favorable por parte del Consejo de Estado la semana pasada, según ha confirmado este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
La también ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha explicado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que esta figura tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas si las entidades financieras decidan sumarse a las mismas.
Estas medidas para las familias afectadas por la rápida subida de los tipos de interés serán aprobadas también este martes en el Consejo de Ministros, tal y como ha explicado la vicepresidenta.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
La futura figura estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
El texto que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros en segunda vuelta mantiene que las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
Calviño ha señalado que espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una medida de protección adicional para los clientes de las entidades financieras, que evitará que tengan que recurrir ante los tribunales.
