Cantabria vuelve a pedir derogar el reglamento de Costas para prorrogar las concesiones, sin apoyo del PSOE

El Parlamento reprueba a la ministra Teresa Ribera y reclama una solución para los afectados, unos 60 en Cantabria

Todo el Parlamento de Cantabria, salvo el PSOE, ha vuelto a mostrar su rechazo hacia el nuevo Reglamento General de Costas y ha pedido su derogación o su modificación para permitir las prórrogas de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre a los afectados.

Así lo recoge una moción aprobada en el Pleno de este lunes a iniciativa del PP, que como ya ha ocurrido con anteriores propuestas de contenido similar ha contado con el apoyo de todos los diputados a excepción de los socialistas, y mediante la que la Cámara también ha reprobado a la gestión de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La moción insta al Gobierno de Cantabria a promover una negociación política con el Gobierno central que conduzca a la modificación del reglamento publicado el 1 de agosto de 2022 en lo relativo a la duración máxima de las prórrogas de las concesiones, con el fin de permitir a los cántabros dueños de pequeños negocios en estos terrenos que puedan continuar con su actividad.

De hecho, los diputados de PRC, PP y Cs ya defendieron en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo una proposición de ley para la modificación de la Ley de Costas, que fue rechazada.

Y es que, como han defendido los diputados cántabros, los afectados son en su mayoría pequeñas empresas y autónomos con ganado, talleres, naves o garajes, que disponen de esas parcelas desde hace «muchísimos años».

Por ello consideran que se podrían seguir prorrogando esas concesiones, ya que las actividades que se desarrollan en ellas no son lesivas para el medio ambiente. Es lo que ha defendido la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, y también el PRC, en contraposición con su socio de Gobierno, el PSOE, que sostiene que en Cantabria hay unos 60 afectados con los que el Ejecutivo y la Demarcación de Costas están negociando «caso por caso» para aportar soluciones.

El regionalista Francisco Ortiz ha defendido que se «conjugue» la protección al medio ambiente con el derecho a mantener los usos de las condiciones. «Esto no va en contra del medio ambiente», ha dicho, opinando que no ve el problema «más allá de que hay que tener una voluntad política y emprender una negociación».

Además, ha reiterado que a los regionalistas «no nos gusta en absoluto la gestión de Ribera», sobre todo por la protección del lobo, que cree que es «la decisión más lesiva para Cantabria».

Un posicionamiento muy cercano al del PP, cuyo portavoz, Iñigo Fernández, ha defendido la moción señalando que «es difícil encontrar una ministra tan dañina» para la región como Ribera.

Y ha recordado que el fin de las prórrogas de las concesiones constituyó un «serio problema» hace unos años pero se pudo «encarrilar» la situación con la ley de protección y uso sostenible del litoral aprobada en 2013, pero tras la llegada de Ribera «los expedientes han ido a un armario», para finalmente sacar un reglamento que «prohíbe» renovarlas.

En la misma línea, los portavoces de Cs y Vox, Félix Álvarez y Armando Blanco, respectivamente, han lamentado el «sectarismo» y el «radicalismo ecologista» del Gobierno central que está afectando a los cántabros.

Frente a ellos, el socialista Javier García-Oliva ha insistido también en que estas concesiones (incluidas sus prórrogas) no pueden superar los 75 años, algo «inapelable» y para cuya modificación sería necesario «cambiar tres o cuatro leyes», además del reglamento. «No conseguiríamos nada con derogar el reglamento», ha advertido.

Además, cree que la petición del Parlamento supondría, en la práctica, hacer indefinidas las concesiones y pasar un dominio público «a propiedad privada». El rechazo del PSOE a esta idea, ha asegurado, «no quiere decir que se deja abandonados en absoluto a los afectados», pues de los alrededor de 60 afectados en Cantabria que solicitaron prórrogas, 11 fueron autorizadas, otras 10 están en proceso y «probablemente» también lo sean, 9 denegadas y 30 están a la espera de que se pronuncie la Justicia, tras haber sido denegadas y recurridas.

«Me ha parecido intuir que no les gusta mucho la política del Ministerio ni tampoco su ministra. No me coge de sorpresa, porque cuanto más conservador es el portavoz, menos le gustan las políticas de este Ministerio», que sin embargo «son aplaudidas y puestas de ejemplo en el Parlamento Europeo», ha sentenciado García-Oliva.