Vox pide agravar la pena de traición cuando sea el Gobierno o una CCAA quien atente contra la unidad de España

Vox ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal para agravar la pena de traición cuando quien atente contra la unidad de España sea un miembro del Gobierno o del Ejecutivo de alguna comunidad autónoma.

El partido liderado por Santiago Abascal reclama en una proposición de ley que se incorpore un tipo agravado específico cuando el autor del delito de tradición sea el presidente o uno de los miembros del Gobierno, así como de los distintos ejecutivos regionales.

Según sostiene, la condición de los gobernantes de representantes públicos elegidos por los ciudadanos «obliga a que fidelidad a España sea condición necesaria e indispensable» para su labor. Por ello, cree que si cometen delitos de traición o contra la independencia del Estado deben ser reprimidos «con mayor dureza» en el Código Penal.

EVITAR CESIONES A MOVIMIENTOS DESTRUCTIVOS

Vox también quiere que se agrave la pena en caso de que un gobernante colabore con un delito contra la Constitución. Con ello, pretende evitar que «con falsos pretextos como asegurar una supuesta gobernabilidad del país se produzcan cesiones a movimientos destructivos de la unidad nacional», justifica.

Además, propone incluir en el Código Penal un tipo agravado en delito de ofensas o ultrajes a España o a sus símbolos para aquellos casos en que se cometan con fines de apoyo al terrorismo, de alteración al orden constitucional o de independencia de una parte del país; o cuando sean cometidos de nuevo por miembros del Gobierno o de una comunidad autónoma.

La formación denuncia que en los últimos tiempos «se han generalizado» las acciones que buscan «subvertir el orden constitucional a través de la destrucción de la soberanía nacional», y hace referencia a Cataluña y la actuación de la Generalitat en octubre de 2017.

AMENAZA A LA PERVIVENCIA DE LA NACIÓN

Según alerta, «una de las tácticas más empleadas» por las entidades públicas «desleales» es la financiación pública de movimientos privados de base asociativa que tienen como fin último «la aniquilación de la nación».

«Tan grave como lo anterior es que las estrategias y actuaciones han sido consentidas y toleradas por autoridades del ámbito nacional, que de forma continua y sostenida han transferido innumerables capacidades del Estado a las administraciones regionales en orden a conseguir la convivencia o la gobernabilidad «, reprocha.

Como consecuencia, Vox cree que España es hoy «un Estado territorialmente desvertebrado» en el que crecen «sin aparente freno» proyectos «centrífugos y disgregadores, alimentados además con el dinero de todos, que amenazan la pervivencia de la Nación»

En este marco señala la concesión de los indultos a los presos independentistas o el reciente anuncio para la reforma del delito de sedición.

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