Economía- Bildu pacta con el Gobierno que Euskadi recaude el impuesto a banca y energéticas y estudie hacerlo permanente
Bildu ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que a finales de 2024, cuando finalizará la vigencia de los nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
Así lo ha anunciado el portavoz económico de la coalición abertzale, Oskar Matute, quien ha explicado que, tras ese pacto, su formación votará a favor de la creación de estos nuevos impuestos que se tramitan en el Congreso.
También ha indicado que este acuerdo favorece la negociación que Bildu mantiene abierta con el Gobierno en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, pero no implica su apoyo a los mismos. En este contexto, ambas partes siguen conversando sobre la mejora de las cuentas a través de medidas sociales que favorezcan a las clases populares.
Respecto a la decisión del Gobierno de abrirse a evaluar la conveniencia o no de transformar en estructurales los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, Matute se ha mostrado convencido de que es futuro informe será favorable a que tengan carácter permanente.
«Si queremos garantizar una mejor redistribución de la riqueza en un Estado en el que la riqueza se acumula en pocas manos y la desigualdad no para de crecer, no puede ser de otra manera», ha dicho.
Además, se ha congratulado del acuerdo para «blindar» las competencias de las haciendas forales vascas y navarras en la aplicación del nuevo gravamen porque, a su juicio, «redunda en el refuerzo del autogobierno vasco» y de su «capacidad recaudatoria».
En concreto, siempre según la versión de Matute, ambas partes han sellado un compromiso explícito para que estos gravámenes se adapten a las competencias y capacidades fiscales reconocidas a las respectivas H¡haciendas forales con la mayor celeridad posible y siempre antes de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
