La reforma para derogar la sedición y su negociación vuelve a mostrar tensión interna en Unidas Podemos
Podemos expresa su temor a la posibilidad de que se criminalice la protesta social y Asens no ve peligro
La reforma para eliminar el delito de sedición en el Código Penal, tanto en lo relativo a la negociación con el PSOE como respecto al posible impacto negativo que puede tener en la protesta social, ha evidenciado este lunes una nueva tensión interna en el seno de Unidas Podemos.
Por un lado, Podemos ha reconocido que desconocía los términos del diálogo en el seno de la coalición, asumido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, por parte del espacio confederal.
De esta forma, la coportavoz estatal, María Teresa Pérez, destacaba que su formación no había participado en la confección de esta proposición de ley dentro de la coalición y advertía, además, de la preocupación sobre el riesgo de que el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados, que deroga el de sedición, pudiera servir para interpretaciones que criminalicen protestas de colectivos sociales.
Y en este sentido apuntaba, dejando claro que era una «buena noticia» la supresión del «anacrónico» delito de sedición como habían demandado, que se valoraba la opción de enmendar el texto para evitar ese extremo.
Unas palabras a las que reaccionaba poco después el propio Asens, quien respondía que el conjunto del espacio confederal conocía que se estaba abordando esta reforma pero que no se informó de los «detalles» de la iniciativa por «discreción» tanto a Podemos como a IU y los comunes , para evitar filtraciones antes de que culminara el anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A su vez, el dirigente de En Comú Podem, que forma también parte del partido morado, defendía la necesidad de ser «cuidadoso» respecto a esta iniciativa, lo que implicaba limitar la información pormenorizada a un grupo reducido de personas.
Por otro lado, fuentes espacio confederal próximas a la vicepresidenta segunda indican que ésta conversó el pasado jueves a la líder del partido morado, Ione Belarra, para explicarle el contenido del acuerdo una vez cerrado, ahondando en la línea de que era conocedora de que estaba en curso dicha negociación.
Mientras, fuentes de Podemos sostienen de que Díaz les traslado que simplemente se había alcanzado el pacto con el PSOE minutos antes de que lo anunciara el presidente, Pedro Sánchez, en una entrevista con La Sexta y que el texto con la entrevista lo obtuvieron después.
IGLESIAS ENTRÓ EN EL DEBATE: «HUBO ENORME SECRETISMO»
En el debate también entró el exvicepresidente Pablo Iglesias, quien el pasado viernes reveló que cargos del partido estudiaban en detalle una reforma que se había llevado con «enorme secretismo».
Y también Iglesias entroncaba con el temor de Podemos ante posibles efectos no deseados de este cambio en el Código Penal, al proclamar que existe un «consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social».
Mientras, Díaz ha defendido que el Gobierno, con la supresión del delito de sedición, «esta haciendo lo que debe hacer», y mejora la legislación penal de España, que «debía haberse reformado hace tiempo», al reformar el Código Penal para modificar tipos delictivos como el de la sedición y otros delitos.
ASENS: NO AFECTA A AL DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA
Sin embargo, el presidente del grupo confederal no comparte esta visión y cree que la protesta social no corre peligro, al aclarar que el texto alude a desórdenes públicos que impliquen «violencia» o «intimidación», salvaguardando las movilizaciones sin altercados. Es más, ha lanzado que se «estaba engañando a la gente» alertando de que dicha reforma afectaba a la desobediencia civil pacífica.
El dirigente de En Comú Podem se mostraba partidario de modificar el Código Penal para rebajar las penas previstas para el delito de malversación en el caso de que no haya enriquecimiento personal, una reforma que, además de beneficiar a los líderes del proceso independentista de 2017, también podría ayudar al expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE.
Más cauto se ha mostrado Podemos, que por medio de María Teresa Pérez, destacaba que no había aún una propuesta formal planteada en la mesa de diálogo y que en caso de oficializarse, su formación la estudiaría.
En el pasado, cargos del espacio como el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, rechazaron la posibilidad de conceder el indulto a Griñán, al argumentar que no estaban a favor de emplear esta perrogativa gubernamental para este tipo de casos.
La formación ha vivido otros momentos de divergencia interna como la provocada por el envío de armas en Ucrania, que motivó el rechazo de Podemos y el respaldo de Díaz y los comunes.
