Sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil creen que «lastra» su papel en defensa de la Constitución
JUPOL y JUCIL, las organizaciones mayoritarias dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han mostrado este lunes su preocupación ante la iniciativa del Gobierno de eliminar del Código Penal el delito de sedición, ya que considera que «lastra» su papel en defensa de la unidad de España al «socavar la convivencia, la soberanía del pueblo español y el ordenamiento constitucional».
En un comunicado que firma también la plataforma Jusapol, las organizaciones policiales consideran que esta medida responde a «intereses políticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles».
«Además de la defensa de la Carta Magna el bien jurídico protegido es el orden público y la paz social, misión encomendada tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo Nacional de Policía», señalan JUCIL y JUPOL, organizaciones ambas surgidas a raíz de las reivindicaciones de Jusapol para conseguir un equiparación salarial «real» con policías autonómicas y locales.
Tanto el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, como el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, han calificado de «irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional».
«Instamos al Gobierno a que reconsidere su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición», han señalado en su comunicado, en el que destacan que las organizaciones realizan esta valoración subrayando su carácter apolítico, lo que entienden que «no es obstáculo ni límite» en su objetivo de defensa de los derechos socio-labores de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Nos sentimos autorizados a participar de una forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021, cuando nos manifestamos para expresar de una manera contundente nuestra oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley», concluyen.
