Asens responde a Podemos que no dio detalles de la reforma por discreción y no cree que peligre la protesta

Prepara una enmienda para delitos que afectan a derechos de los trabajadores y valora otra para no perseguir protestas dentro de bancos

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado que la formación morada no fue informada de los detalles de la reforma del delito de sedición, al igual que IU y los comunes , para mantener la discreción y evitar posibles filtraciones hasta el anunció del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, ha comentado que todo el espacio confederal conocía que la derogación se estaba abordando desde hace tiempo.

Por otro lado, ha rechazado que el cambio efectuado en el Código Penal, con la figura de desórdenes públicos agravados, afecte a las movilizaciones sociales pacíficas, como teme Podemos, aunque ha apuntado que el grupo confederal presentará una enmienda para tratar de modificar en el Código Penal delitos que afectan a los derechos de los trabajadores.

Una posición que se produce después de que Podemos haya revelado que no participó directamente en la negociación y de que, pese a que la reforma le parece positiva, advirtiera de su preocupación ante la posibilidad de la posibilidad de interpretaciones de la nueva legislación que entrañaran una criminalización de la protesta.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente de En Comú Podem ha explicado que en esta negociación con el PSOE, que en el caso del socio minoritario asumió él en coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz, se decidió que «muy poca gente» conociera los pormenores.

EVITAR LAS FILTRACIONES SOBRE EL ANUNCIO DE LA REFORMA

Y ha ahondado que se optó por la discreción para evitar filtraciones y que, por tanto, no se informó a las direcciones de Podemos, IU y los comunes de los detalles del texto acordado con los socialistas, pero precisando que sí eran conocedores de que la supresión del delito estaba encima de la mesa, cuestión que viene desde hace tiempo.

También ha precisado que su formación va a presentar una enmienda al proyecto de ley y que, sin desvelar el contenido, se estudia una redacción para «retocar» ciertos delitos que afecten al ejercicio de los derechos de los trabajadores.

La idea de la formación, según indican fuentes del grupo, es introducir modificaciones al artículo 311 del Código Penal, que concretamente recoge penas de prisión de seis meses a seis años para quienes abusen de sus trabajadores e impongan condiciones laborales que supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

También a las personas que contraten sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo de un grupo de empleados, dependiendo de los supuestos.

QUITAR LA PERSECUCIÓN DE PROTESTAS DEL 15M

A su vez, ha desvelado que valoran presentar una enmienda para suprimir del Código Penal conductas que, a su juicio, trataban de perseguir protestas del 15M como la okupación temporal de entidades financieras para desplegar protestas, aspecto que atribuye al PP y que sería redundante porque se introdujo también en la Ley de Seguridad Ciudadana. De hecho, ha comentado que no haberlo quitado en esta proposición de ley ha sido un «fracaso» en la negociación con su socio de coalición.

No obstante, ha comentado que la reforma desplegada en el Congreso alude taxativamente al ejercicio de la protesta, al tipificar que se requiere violencia. Por tanto, Asens ha alegado que derechos de protesta y manifestación pacíficos no corren peligro.

Otra cosa, según ha explicado el presidente del grupo confederal, son los altercados por quema de contenedores por parte de grupos de manifestantes o tirar un adoquín a un agente policial, que continúan siendo penados y «no hay un estado en Europa» que no persigue estas conductas.

A su vez, ha desglosado la modificación y supresión de una serie de agravantes que había en el tipo penal de desórdenes públicos, por lo que ha criticado que «desinforma» quien desde Cataluña asegura que la desobediencia civil se ve amenazada por la proposición de ley para derogar la sedición.