España, por debajo de la media de la OCDE y la UE en libertad económica y empresarial, según el IEE
Reducir la fragmentación normativa y la consecución de una verdadera unidad de mercado impulsaría el PIB a largo plazo entre 1,5% y 3%
España se sitúa por debajo de la media de países de la OCDE en lo referente a la libertad económica y empresarial, según arroja el Índice de Libertad Económica 2022 (ILE 2022) elaborado por la Fundación Heritage y editada para España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
De acuerdo con el estudio La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de Libertad Económica 2022 , España se sitúa en el puesto 41 a nivel mundial de los 184 países analizados en el Índice de Libertad Económica (ILE) en 2022. Entre los países de la OCDE, España ocupa el puesto 29, un 6,2% por debajo de la media, mientras que se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de la UE-27.
Según ha señalado el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, esta mala posición se ve condicionada por el comportamiento de variables que están influidas por políticas que se implementan en clave nacional, como son la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal, mientras que las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones son las que están determinadas principalmente por la pertenencia a las instituciones europeas. «Tenemos gran capacidad de mejora», ha enfatizado Fernández de Mesa en rueda de prensa.
En esta línea, desde el IEE recuerdan que, según el índice de The Economist , España ha dejado de estar en la categoría de democracia plena para pasar a la de democracia con defectos. «Nuestro país continúa con desafíos para la gobernanza, como la fragmentación política o la corrupción, al tiempo que sigue presentando problemas de sobrecarga y lentitud en el sistema judicial, que, además, padece una creciente interferencia política», ha alertado el think tank de la CEOE.
MEJORA EL ÍNDICE EMPRESARIAL, PERO SIGUE POR DEBAJO DE LA MEDIA
En el ranking de libertad de empresa, España ocupa la posición 32 dentro de los 38 países de la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la media de la OCDE y un 6,5% menor que el promedio de la UE-27.
No obstante, desde el IEE señalan que la libertad de empresa en España ha experimentado cierta mejoría en relación con 2021, debido, en buena medida, a que se contabiliza un apoyo de los fondos europeos para la inversión empresarial.
LA UNIDAD DE MERCADO COMO RETO PENDIENTE DE LA LIBERTAD DE EMPRESA
Un elemento clave para la mejora de la libertad económica y, en especial, para garantizar la libertad de empresa, según el IEE, es la del establecimiento de un marco regulatorio adecuado, y dentro de este, en España adquiere un papel muy relevante la cuestión de la fragmentación del mercado interior.
Según apuntan, en las últimas décadas se ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, que configura un marco legislativo excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica, que ha venido impulsado por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya normativa supone el 70% del volumen total de normas.
Según el IEE, el cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB.
«Un impacto positivo que puede ser incluso superior si se produce también una mejora en clave europea, es decir, si otros países también llevan a cabo reformas de esta índole y se avanza en la consecución del mercado único europeo», han señalado en su informe.
En opinión del IEE, seguir avanzando en la aplicación de la parte que queda vigente de la Ley de Unidad de Mercado permitiría reducir parte de la fragmentación normativa existente, mediante la aplicación de los principios de buenas prácticas, que facilitarían reducir las cargas administrativas y mejorar la calidad del marco regulatorio.
