El Congreso debate hoy el decreto para reducir el recibo del gas y subir un 1,5% el sueldo de funcionarios

También incluye la prórroga de las deducciones que se aplican en el IRPF por la mejora de la eficiencia energética de viviendas

El Pleno del Congreso votará este jueves la convalidación del decreto ley que implanta medidas para abaratar el recibo del gas, así como la prórroga de las deducciones que se aplican en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la compensación del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos para 2022, entre otros puntos.

En materia energética, el decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 18 de octubre, recoge la financiación vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) del déficit generado por los límites al incremento de la factura del gas natural para la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) de ahorro vecinal para las calderas comunitarias, así como por la prórroga de las condiciones vigentes para los consumidores domésticos de la TUR 1 y TUR 2 para limitar la subida en sus recibos del gas en un 5%, que estarán en vigor en ambos casos hasta finales de 2023.

El texto, que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla también ayudas por valor de 3.000 millones de euros de los PGE para rebajar la factura energética de un 40% de los hogares del país ante el impacto de la crisis.

En el caso concreto de la rebaja para las facturas de las calefacciones comunitarias, esta extensión del esquema de protección de la Tarifa de Último Recurso de gas natural a una nueva TUR de ahorro vecinal beneficiará a 1,7 millones de hogares y se prevé que represente un 50% de ahorro en la factura.

Esta nueva TUR, que técnicamente incluye un total de ocho diferentes en función del consumo, obligará, eso sí, a que los consumidores que se beneficien de ella tengan instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023, así como a tener sus calderas revisadas.

Asimismo, se procede a prorrogar hasta diciembre de 2023 las medidas de flexibilización de contratos de gas natural para la industria y la minoración de los ingresos extraordinarios por efecto del gas natural, que fue aprobada en septiembre de 2021.

REFUERZO DE LOS BONOS SOCIALES ELÉCTRICO Y TÉRMICO

Junto a estas medidas, el nuevo paquete aprobado –que viene a complementar el plan de contingencia, denominado Plan Más Seguridad Energética– refuerza los bonos sociales eléctrico y térmico, a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas.

Así, se incluyen nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos y se refuerza el actual bono social, al que están acogidos 1,3 millones de hogares.

También se da más flexibilidad para los consumidores, permitiendo la realización de modificaciones de la potencia contratada a autónomos y empresas con una flexibilidad superior a la actual hasta el 31 de diciembre de 2023.

Igualmente, se aumenta el descuento para los consumidores vulnerables del 60% al 65%, se elevará del 70% al 80% el de los consumidores vulnerables severos y se incrementará un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos.

PRÓRROGA EN LAS DEDUCCIONES DEL IRPF

El texto también incluye la prórroga por un año más, hasta finales de 2023 en unos casos o finales de 2024 en otros, las deducciones existentes que se aplican en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Asimismo, el decreto introduce en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan a instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables de origen fósil.

En este sentido, se establece como condición que la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones deberá producirse en el año 2023. El objetivo de esta medida es promover la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona.

REBAJA DE LAS PEONADAS Y COMPENSACIÓN EN SALARIOS DE FUNCIONARIOS

Por otro lado, el documento también aprueba la compensación del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos para 2022. Esta subida salarial, acordada en el marco de la Mesa General de Negociación de la Función Pública, tiene carácter retroactivo. Por lo que este incremento se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año.

Este incremento adicional del 1,5% generalizado tiene un carácter excepcional, ya que es la primera vez que se produce. El mismo se aplicará a todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónoma y entidades locales. Su consolidación en el presente ejercicio supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021. Por lo que la subida global para 2022 es del 3,5%.

En lo que respecta al periodo 2022-2024, la mejora salarial alcanzará un porcentaje fijo del 8%, pudiendo incrementarse el mismo al 9,5%. Si se hacen cálculos en términos reales, la revalorización salarial puede alcanzar un 9,8%. El motivo es que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida. Por lo que el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior.

La subida quedará reflejada en las nóminas a partir de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre del ejercicio en curso. El carácter retroactivo de la medida obliga a que sea así, ya que la subida inicial del 2% recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2022 lleva en vigor desde el 1 de enero de este año.

Con esta norma también se ha aprobado reducir a diez el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a las personas trabajadoras eventuales agrarias en Andalucía y Extremadura.