La Ley de Familias no se aprobará en octubre y Podemos critica «resistencias» de Hacienda a elevar la norma al Consejo

La formación morada aprecia intentos de modificar el permiso a trabajadores para cuidado de familiares de siete días

El anteproyecto de Ley de Familias no será aprobado este lunes en el Consejo de Ministros, el último del mes de octubre, y el Ministerio de Derechos Sociales lo atribuye a que Hacienda plantea resistencias para sacarla en los «términos acordados».

Según han explicado a Europa Press fuentes de este departamento, el acuerdo entre los socios de coalición para los Presupuestos Generales pautaba que la norma tenía que ser validada durante el mes de octubre, pero finalmente se demora y responsabilizan de ello a la parte socialista.

El pasado lunes la formación morada alertó en rueda de prensa de que veía una situación de «bloqueo» y criticaba algunos intentos por parte del PSOE de «rebajar» el alcance de la norma en los términos pactados, tal y como relató el coportavoz estatal de Podemos Javier Sánchez Serna.

En concreto, aludía a intenciones de reducir el número de días del permiso de cuidado a trabajadores de una semana e impedimentos para que las familias monoparentales puedan cederlo a otros allegados.

De esta forma, recalcó que el pacto presupuestario implicaba que esta ley debía tramitarse por el cauce de urgencia y de forma paralela a los trabajos para sacar adelante las nuevas cuentas públicas.

En este sentido, subrayó que exigían que la norma saliera adelante en los «términos pactados» y que no les servía rebajar a la mitad o a cinco días el permiso retribuido de una semana para cuidado de familiares.

También criticaba que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se sigue «negando» a que las familias monoparentales puedan ceder ese permiso a familiares con segundo grado de consanguinidad, algo que precisamente se alinea con una preocupación socialista para que estas mujeres no sean penalizadas en el mercado laboral.

MEDIDAS QUE CONTEMPLA LA LEY

La Ley de Familias contempla tres medidas principales como es la ampliación de la renta de crianza de 100 euros al mes para avanzar en su universalización. Al final, se optó por esta medida intermedia, dado que el espacio confederal planteaba en inicio que el rango de edad fuera mayor y que la prestación económica fuera progresiva mientras el menor fuera cumpliendo años.

De esta forma, esa prestación se extenderá a las personas con hijos menores de tres años que estén o hayan estado en la Seguridad Social o mutualidad durante 30 días o hayan recibido una prestación (contributiva o asistencial) del sistema de protección del desempleo. La cuantía será de 100 euros por cada hijo hasta que alcance dicha edad.

Otra novedad es que las familias monoparentales con dos hijos sean consideradas como familias numerosas de cara a obtener beneficios sociales, una de las demandas que abanderaba Unidas Podemos dentro de la negociación presupuestaria.

Por otro lado, se despliegan dos tipos de permisos por cuidado. El primero establece una libranza remunerada para los trabajadores para cuidados de familiares y convivientes. Concretamente, Derechos Sociales explicaba que servirá para que los empleados puedan dedicarse durante este periodo al cuidado de sus hijos, de las personas mayores a su cargo o acompañar al médico a su pareja, entre la modalidad de casuísticas que engloba dicha medida.

Finalmente, se habilita un permiso de ocho semanas en principio no retribuido por cada hijo y al que los empleados tienen derecho a acogerse hasta que el menor cumpla ocho años.

No obstante, en la negociación entre los socios de coalición finalmente no se incluyó la extensión de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, una demanda de Unidas Podemos.