Todo el Parlamento cántabro, salvo el PSOE, pide a las Cortes endurecer las penas a los okupas

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley (PNL) para instar a las Cortes Generales a modificar la ley y endurecer las penas a los okupas para que dejen de ser «impunes», una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo de todos los diputados a excepción de los socialistas, que se han abstenido.

Precisamente, la propuesta ha llegado a la Cámara impulsada por el PRC, socio del PSOE en el Gobierno cántabro, y después de que la consejera de Políticas Sociales, la socialista Eugenia Gómez de Diego, manifestara que la okupación «no es una alarma social» en la Comunidad porque la incidencia es «muy baja».

Sin embargo, con esta PNL el Parlamento manifiesta su preocupación ante la okupación e insta a endurecerlas penas, incluir nuevas medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de los propietarios, proceder al desalojo de la vivienda okupada en 24 horas, habilitar a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda, evitar la inscripción de los okupas en el padrón municipal y modificar la Ley del Tribunal del Jurado para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento y así agilizar los conflictos.

Ha defendido la iniciativa la diputada regionalista Rosa Díaz, también alcaldesa de Polanco, uno de los municipios que sufre la okupación. Como ha explicado, la intención es «buscar soluciones» ante un fenómeno que «está al alza» corrigiendo el actual «vacío legal» y la «legislación obsoleta».

Aunque PP y Vox habían presentado enmiendas de modificación a la iniciativa, el PRC las ha rechazado argumentando, entre otras cosas, que no se quiere usar la PNL como «arma arrojadiza» contra la Consejería de Políticas Sociales.

Los portavoces de los grupos, salvo el PSOE, han coincidido en que la mayoría de okupas «no saben convivir» y generan problemas a todo su entorno, ya que no respetan los horarios y no contribuyen a los gastos de la comunidad. También han reconocido que algunos okupan las viviendas por su situación de vulnerabilidad, pero son las «excepciones».

Además, con los vecinos se quejan de que la Justicia y las fuerzas de seguridad «no hacen nada», pero es «por las leyes que tienen», ha defendido Díaz, que ha puesto el ejemplo de un okupa que está construyendo un porche sin licencia en Polanco. «Lo más triste es que abres el expediente y da lo mismo, porque son impunes», ha lamentado.

Por el contrario, desde el PSOE Carmen Algorri ha considerado «innecesario» cambiar la ley, defendiendo que las fuerzas de seguridad ya intervienen de forma «inmediata» en casos de «flagrante delito».

Además, ha recordado los datos del Ministerio de Interior que ofreció la semana pasada la consejera de Políticas Sociales, que señalan que Cantabria ha registrado 49 denuncias por okupaciones de viviendas entre enero y julio de este año sin diferenciar entre usurpaciones o allanamientos de morada -por lo que algunas pueden ser por robos-, de las que 23 han derivado en procedimientos judiciales, lo que supone una tasa de 1,4 por cada 100.000 habitantes.

«Reconocemos el problema, pero el dato les mata el relato», ha sentenciado Algorri, aclarando que los socialistas «compartimos la preocupación que provocan estos casos a los vecinos del inmueble ocupado, y que es importante resolver con celeridad», pero «nos preocupa que se genere una sensación de inseguridad aunque no venga avalada con datos».

DISCURSO «PODEMITA»

Frente a ello, el diputado del PP Iñigo Fernández ha dicho que ve un «consuelo» que el PRC también considere la okupación un problema en Cantabria a diferencia de su socio de Gobierno, al que ha pedido que «abandone su discurso podemita». Y es que, para el popular , el origen del problema es un PSOE podemizado y su «acomplejamiento» respecto a su socio «radical» en el Gobierno central.

Y aunque ha reconocido que la responsabilidad de cambiar la ley está en el Gobierno central, pedía «que desde aquí también se haga algo» y en su enmienda solicitaba elaborar el mapa de la ocupación en Cantabria, habilitar una oficina de apoyo y asesoramiento a los afectados o construir un grupo de trabajo con la Federación de Municipios de Cantabria con el fin de coordinar respuestas.

En esta línea también se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos (Cs) Diego Marañón, que ha visto con buenos ojos la iniciativa frente a un problema que la Consejería «trata de minimizar» pero ha echado «en falta que ponga deberes al Gobierno de Cantabria».

Y desde Vox, Cristóbal Palacio, que también se ha mostrado de acuerdo con cualquier iniciativa que ponga freno a los okupas, ha insinuado que los partidos tratan de «justificar que los ayuntamientos que dirigen son incapaces de acabar con estos problemas» a pesar de que tienen «enormes capacidades». Una idea que Rosa Díaz ha considerado «una falta de respeto a los alcaldes» y que «denota la ignorancia hacia lo que están haciendo».

PRC-PSOE RECHAZAN UNA DEDUCCIÓN DEL IRPF

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con los votos de PRC y PSOE, una propuesta de Cs en la que urgía una deducción extraordinaria y temporal en el IRPF, que ha sido respaldada por PP y Vox.

En concreto, el partido naranja proponía que el Estado aprobara dicha rebaja en el impuesto de, al menos, el 25% del incremento de las hipotecas variables constituidas hasta el pasado 1 de agosto sobre vivienda habitual, hasta un máximo de 400 euros, y que el Gobierno regional diera también luz verde a una deflactación autonómica en el mismo sentido.

«Arrimen Ustedes el hombro» y «echen una mano», ha pedido el diputado del Grupo Mixto-Cs Félix Álvarez, para quien regionalistas y socialistas tenían «una oportunidad de oro» de ayudar a las familias más vulnerables y con mayores dificultades.

Pero las portavoces de los grupos que sustentan al Ejecutivo bipartito, Emilia Aguirre y Noelia Cobo, han defendido los medidas puestas en marcha hasta hora desde Madrid y en la región, de carácter fiscal «serio», con deducciones selectivas, o basadas en ayudas «directas» para que no dejar a «nadie atrás».

La portavoz popular María José González Revuelta ha justificado el apoyo de su partido a la iniciativa porque «está claro que es necesario hacer algo» para «aliviar una situación tan insostenible» como la derivada de las subidas de las hipotecas.

Además, ha aprovechado para rachar de «rácana» la deducción en el IRPF anunciada por PRC y PSOE y que ahorrará 16,5 millones a los cántabros, y que Álvarez ha tildado de medida «cosmética, ridícula y vergonzosa» si se compara con los 300 millones -ha dicho- que las arcas regionales van a recaudar este año «de más».

PLAZA DIRECTOR BANCO DE SANGRE

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha tumbado, de nuevo con los votos de regionalistas y socialistas, la pretensión del PP de solicitar un informe jurídico acerca de la conformidad a derecho de la convocatoria para cubrir la plaza del director de Banco de Sangre tras el cese del que había ocupado este puesto durante los últimos 16 años, José Luis Arroyo, y el nombramiento en el cargo de Cristina Amunarriz.

Los populares también proponían paralizar el proceso y anular el nombramiento y solicitar una nueva convocatoria que especifique claramente tanto los requisitos para optar al cargo, los criterios y una comisión de valoración «profesional, imparcial e independiente».

Han recibido el respaldo del grupo mixto, al entender que es un caso más de «corrupción de baja intensidad» -según Vox- o porque regionalistas y regionalistas han «convertido lo público en su coto privado» -en opinión de Cs-.

Pero desde PRC y PSOE han defendido que en este relevo se ha cumplido «escrupulosamente» la legalidad y el principio de transparencia, y además la nueva responsable tiene un perfil «absolutamente idóneo» para el puesto.