Vox exige la ejecución inmediata de la orden de expulsión de Mohamed Said y todos los salafistas que «llamen al odio»
Vox presentará una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno la ejecución inmediata de la orden de expulsión de Mohamed Said, al que la Policía perfila como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo», y de todos aquellos que desde mezquitas salafistas «llamen al odio a Occidente, a nuestra religión, nuestras costumbres y nuestro modo de vida».
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Vox Jorge Buxadé, que ha denunciado el apoyo recibido por Mohamed Said por el Parlamento «golpista» de Cataluña y las acusaciones de «xenófobos» a Vox.
Con ello, Buxadé ha hecho hincapié en las diferencias entre los inmigrantes que llegan de forma legal a España y aquellos que lo hacen de manera ilegal.
Según ha repasado, un inmigrante legal cumple los requisitos exigidos, cotiza a la Seguridad Social, paga impuestos y hay «un control y rastreo de sus pasos penales» cuando renueva su permiso de residencia. «Está monitorizado por el sistema y sufre en muchos casos lo mismo que sufren los españoles de a pie», ha resumido.
En cambio, ha denunciado que quienes entran ilegalmente en el país lo hacen «sin que se tenga conocimiento de sus antecedentes penales, sin tener vivienda, no pueden trabajar, no cotizan y no pagan impuestos»; pero en cambio «tienen derecho a asistencia sanitaria y colapsan el sistema sanitario, sus hijos van gratis al colegio y colapsan los sitemas educativos y reciben una paguita en muchas comunidades autónomas».
Todo ello, ha continuado, con el apoyo de múltiples asociaciones que les ofrecen asesoría jurídica de forma gratuita. «En España son bien recibidos todos los que vienen a integrarse con buena voluntad y capacidad de hacerlo, pero aquellos que entran ilegalmente no pueden tener en ningún caso amparo de nuestra legislación», ha reivindicado.
Por ello, Vox ya presentó otra iniciativa la pasada semana en el Congreso para impedir que los inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón o que, en cualquier caso, conste en el documento su situación ilegal en España.
En la proposición de ley, el partido liderado por Santiago Abascal denuncia que España está sufriendo «una de las mayores crisis de inmigración ilegal en los últimos años»; insistiendo en «las consecuencias profundamente nocivas que tiene el fenómeno de la inmigración ilegal en nuestra sociedad, especialmente en los ámbitos de la seguridad ciudadana y de las relaciones laborales».
«El ordenamiento jurídico español debe regular y contemplar, en todas sus ramas, a la inmigración ilegal como un fenómeno gravemente perjudicial para los españoles y para el conjunto de la comunidad», reivindica Vox, que reclama que por tanto todas las previsiones estén encaminadas a «identificar y sancionar» a los inmigrantes ilegales.