El IEE estima un crecimiento del 1,2% en 2023 y avisa del «carácter inflacionista» de los PGE

Critica que continúa aumentando la presión fiscal sobre el tejido empresarial, que se situará por encima del 11% del PIB

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) prevé que la economía española crecerá un 1,2% en 2023, casi un punto por debajo de la estimación del Gobierno (2,1%) y ha advertido sobre el «carácter inflacionista de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, con un gasto público «desmesurado» y una «sobreestimación» de los ingresos.

«Creemos que el año que viene el nivel de ingresos va a ser inferior y es probable que los gastos estén infravalorados», ha avisado presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del Informe de Opinión del IEE sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Las previsiones desgranadas por el IEE este lunes distan de las recogidas por el Gobierno en el plan presupuestario remitido a Bruselas y plantean un escenario en el que el PIB durante el último trimestre de este año y el primero de 2023 se pueda contraer, lo que llevaría al país a una situación de recesión técnica , para después rebotar. «Ello va a depender de que no se materialicen muchos de los riesgos que acechan a la economía española», ha advertido el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.

A su vez, y según las previsiones incluidas en los PGE, la ratio de déficit público sobre PIB cerraría en el 5% del PIB este año, y en el 3,9% del PIB el próximo ejercicio. Estos niveles, según ha advertido el IEE, están todavía muy alejados de los estándares requeridos por Europa sobre estabilidad presupuestaria (3% del PIB) y son mucho más abultados que los registrados en 2019, a pesar de que se superan los niveles de PIB nominal prepandemia.

«La situación en términos de déficit estructural es aún peor, no solo por la magnitud del saldo (por encima del -4% del PIB), uno de los más elevados de toda la UE, sino porque se ha empeorado claramente respecto a los niveles precrisis», advierten desde el IEE.

En cuanto a la evolución del mercado laboral, desde el Instituto no descartan que el empleo presente en 2023 signo negativo si el crecimiento de la economía es menor del estimado por el Gobierno y si no se produce moderación de costes laborales, algo a lo que los PGE «no ayudan» debido al alza de las bases máximas de cotización que será del 8,6%, según se recoge en el proyecto de las cuentas públicas del próximo año.

Con toda esta situación, para el IEE la única «línea roja» para alcanzar un pacto de rentas para hacer frente a la escalada inflacionista es una indexación generalizada de los salarios al Índice de Precios al Consumo (IPC) porque creen que «puede ser tremendamente dañino para la economía española». «Ahí no vamos a ceder», ha recalcado Íñigo Fernández de Mesa.

De su lado, desde el IEE consideran que el impacto de los fondos Next Generation EU durante el próximo ejercicio «va a ser muy poco». «Estos presupuestos no consiguen aumentar el PIB potencial de la economía española y este dato creemos que es muy relevante», ha recalcado el presidente del IEE.

AUMENTO DEL GASTO Y DE LA PRESIÓN FISCAL

Sobre la evolución del gasto público planteada en los PGE-2023, desde el Instituto apuntan que refuerza la dinámica de la inflación de la economía española, puesto que algunas de las partidas de gasto corriente (pensiones y sueldos de los funcionarios) que mayor contribución tienen al crecimiento del gasto presupuestado en 2023 están indexadas a la evolución del IPC del periodo anterior.

«Ello traslada, no solo una necesidad de mayores ingresos futuros, sino que ejerce una mayor presión sobre la inflación a través de los efectos de segunda ronda y restan eficacia a las medidas adoptadas para la contención de los precios que están incluidas en estos PGE-2023» se subraya en el informe.

De su lado, desde el Instituto advierten de que estos presupuestos aumentan la presión fiscal y va a tener una influencia en la economía española a medio-largo plazo. Todo ello, pese a que el aumento de los precios es menor que el precio de los costes desde el inicio de la guerra y las empresas han sido las que más han sufrido desde la subida de los costes.

En concreto, el informe apunta a que la presión fiscal total ha escalado del 42,1% en 2022 al 42,3% en 2023, en un momento de gran incertidumbre económica.

En el plano empresarial, las subidas del Impuesto sobre Sociedades (IS) y de las cotizaciones sociales hace que la presión fiscal empresarial (en su expresión de IS más cotizaciones) haya pasado de un 10,3% en 2019 a un 10,7% en 2022 y llegará a una cifra superior al 11% para 2023, alejándonos, cada vez más, de la media de la UE que se sitúa por debajo del 10%.

Con todo, desde el IEE apuntan a que el porcentaje de contribución empresarial al total de ingresos se sitúa en un 34%, según las previsiones para 2023, muy superior a la media de la Unión Europea que está alrededor del 24%.

«La pérdida de competitividad que provoca esta mayor tributación de las empresas españolas es muy preocupante en un mundo cada vez más globalizado, con una creciente movilidad de capitales y de personas», ha advertido el think tank de la CEOE. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS NUEVOS IMPUESTOS

Desde el Instituto han vuelto a alertar sobre la posible inconstitucionalidad de los nuevos impuestos planteados por el Gobierno. Ya hace unas semanas también desde el IEE advertían de que los nuevos impuestos temporales a la banca y energéticas vulneran varios principios de la Constitución con lo que es de esperar que sean anulados y «por tanto, dentro de unos años tengan que ser reembolsados».

En cuanto al último anunciado, el impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas , el IEE cree que es un intento de resucitar el Impuesto sobre el Patrimonio y supone un vaciamiento del Estado autonómico. «Probablemente el Impuesto se recurra y, transcurrido un tiempo, si se considera inconstitucional, el Estado esté obligado a la devolución de lo recaudado más intereses», ha avisado el IEE.

Según explican, el Impuesto sobre el Patrimonio no existe en ningún país de la UE debido a que los muchos países que lo tenían en vigor en el pasado han comprobado que sus efectos negativos sobre la economía superan la recaudación. Así, en Alemania, por ejemplo, se estimó que este impuesto contraía la actividad en un 5% del PIB, con la consiguiente reducción de los ingresos tributarios totales muy por encima de la recaudación que aporta. Igualmente, en Francia se suprimió dicho impuesto porque comprobaron que era pernicioso para la economía.

El IEE considera que el tipo máximo de este impuesto, del 3,5%, es muy alto, ya que en el contexto actual muchos de esos activos no tienen rendimientos que alcancen ese porcentaje. El 3,5% de impuesto podría agotar totalmente el rendimiento y forzar a vender el activo para pagar la cuota de este nuevo impuesto además de la del IRPF. «Es un impuesto potencialmente confiscatorio y no atiende a la capacidad económica real», ha denunciado el Instituto.