El fiscal pide ocho años de prisión para cada uno de los seis acusados de prostituir a una joven de Colombia
La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para cada uno de los seis acusados de un delito de trata de seres humanos por prostituir a una joven venida de Colombia y que serán juzgados a partir del próximo lunes, día 24, en la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, también de origen colombiano y residentes en Cantabria, realizaban actividades relacionadas con la prostitución en pisos particulares usados como casas de citas.
Con el objetivo de aumentar el negocio y bajo la dirección de una de las acusadas, madre de dos hombres también acusados, decidieron conseguir más chicas jóvenes de su país de origen «para explotarlas sexualmente y lucrarse con dicha actividad».
Con este fin, una de las chicas que ejercía la prostitución en uno de esos pisos, también acusada, contactó a través de redes sociales con una joven de 19 años a la que conocía de la infancia, que residía en Colombia y tenía un bebé de cuatro meses «y una situación de absoluta necesidad económica».
Así, «ocultándole deliberadamente que en realidad se dedicaría a la prostitución», le ofreció buscarle trabajo en una cafetería o cuidando ancianos y le dijo que le sacaría un billete de avión y dinero para los primeros gastos.
La chica convenció a la joven, y otra de las acusadas, nuera de la mujer que dirigía los pisos, le sacó un billete de avión. Cuando llegó a Madrid, fue recogida por un hombre y llevada a Torrelavega en taxi, donde le retiraron el teléfono móvil.
Después, fue llevada a una casa de citas en Santander, donde se encontraba la chica que contactó con ella, otra más que ejercía la prostitución y la encargada del piso, también acusada, que era familiar de la mujer que dirigía todos los pisos.
Tras dos días en la casa sin salir a la calle porque podía ser detenida, la encargada de los pisos, que pasaba semanalmente a recoger el dinero recaudado, le dijo que tenía que prostituirse hasta abonar la deuda de 5.000 euros que había contraído por traerla a España.
La chica se negó, pero ante la imposibilidad de recibir ayuda y las amenazas que recibió, accedió a practicar la prostitución, marcándole la casa los precios, así como concertando las citas a través de anuncios subidos a una página web.
Según Fiscalía, la joven prestaba servicios sexuales 24 horas al día y siete días a la semana; solo se le permitía salir una hora al día y siempre acompañada; y del dinero que obtenía, la mujer que dirigía los pisos se quedaba la mitad y, de la otra mitad, le entregaban 30 euros semanales, destinando el resto a pagar la supuesta deuda por el viaje.
Un día que pudo salir sola, la joven aprovechó para abordar a un viandante, a quien le contó lo sucedido y desde la casa de este llamaron a la policía.
Una vez incoado el procedimiento judicial, uno de los hijos de la mujer que dirigía los pisos averiguó el paradero de la chica y le pidió que retirara la denuncia porque «si quisiéramos arreglar la cosas por las malas, usted sabe cómo somos los colombianos», le advirtió.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por todos ellos pide, además de la pena de cárcel, prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada de cinco años tras cumplir la pena, así como que abonen de manera conjunta y solidaria a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.
Junto a ello, para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la Fiscalía pide dos años de prisión, al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la mujer pide para cada uno de ellos nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años y una indemnización de 30.000 euros.
Además, para el también acusado de un delito contra la administración de justicia, la pena solicitada por la acusación particular se eleva a tres años de prisión.
Finalmente, la defensa de la mujer que supuestamente dirigía las casas de citas manifiesta en su escrito que la denunciante se trasladó a España «de forma no solo voluntaria sino plenamente sabedora y consciente de la actividad que desarrollaría», sostiene que esta mantuvo «total y absoluta» libertad de movimientos y niega que le fuera retirado el dinero, móvil o documentación.
Asegura igualmente que las relaciones con los clientes «las establecía de forma particular y bajo su criterio, así como el precio de los servicios». Y continúa señalando que la única participación de los hechos de su defendida «lo ha sido en su condición de arrendataria de la vivienda que ocupaban tanto ella como otras chicas».
Finalmente, señala que el abandono del piso de la denunciante «obedeció a un incidente entre un cliente y una de sus compañeras, para, en connivencia con aquél, provocar la intervención de la policía y de esta forma dar inicio a un proceso que le permitiera regularizar una situación por medio de su condición de testigo protegida».
El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia, a las 9.30 horas, y está previsto que se prolongue hasta el 27 de octubre.
