Función Pública destinará su partida a modernizar la Administración y a ampliar la oferta de empleo
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha presentado este lunes ante Comisión de Presupuestos del Congreso la partida presupuestaria de su departamento, con un monto de 2.079 millones de euros, un 2,28% más que en 2022, que se destinarán a modernizar la Administración Pública, así como a la mejora de la oferta pública de empleo y de la retribución de los empleados públicos.
Sánchez Milán ha desglosado el reparto de la partida, con un incremento del 12,5% para el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno; del 8,45% para el Instituto Nacional de la Administración Público (INAP), que se destinará al campus virtual del a INAP y a descentralizar el desarrollo de las pruebas selectivas empleo público en la Administración General del Estado, y con un aumento del 1,72% para Muface.
Además, Función Pública se enfocará en 2023 en la «lucha contra la temporalidad en el empleo público». La secretaria de Estado ha recordado que el compromiso de España con la Comisión Europea era estabilizar, al menos, 300.000 puestos de trabajo antes del 31 de diciembre de 2023, y hasta la fecha se han aprobado 372.612 ofertas empleo público de estabilización en todas las administraciones públicas, un 24,2% por encima de lo prometido.
Asimismo, ha apuntado que en el sector público institucional se ha aprobado la estabilización de 18.111 plazas, que suponen el 12,15% total de efectivos fijos. En esta línea, la secretaria de Estado ha señalado que las reformas se completan con la Ley de Función Pública, que ya ha iniciado la negociación.
Sánchez Milán también se ha referido al acuerdo sindical «que va a contribuir a articular el proceso de transformación hacia una Administración del siglo XXI».
No obstante, ha aclarado que, si bien existe un compromiso por la digitalización y el ahorro y la eficiencia energética, la apuesta sigue siendo por el trabajo presencial y por no dejar a nadie atrás.
«Estamos trabajando en impedir los riesgos que esa digitalización tiene para el propio empleado público y también por que no sean en su inmensa mayoría mujeres, empleadas públicas, las que asuman en su mayoría el trabajo a distancia», ha recalcado.
La primera parte de ese acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos contempla una «recuperación de los derechos recortados en 2012», con un incremento de los salarios de los empleados públicos del 9,5% entre 2022 y 2024.
El segundo elemento del acuerdo, como ha apuntado la secretaria de Estado, es «la oferta de empleo público y su regulación». De esta forma, el Gobierno pretende reducir la temporalidad en el empleo público y acabar con «la generación de empleo temporal y precario en fraude».
TASAS DE REPOSICIÓN DE HASTA EL 125%
Así, la tasa de reposición de 2022 ya ha crecido por encima de las bajas producidas en todos los sectores por primera vez en 15 años. Para 2023, la tasa de reposición de efectivos será del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, y Policías Autonómicas y Locales, la tasa de reposición será del 125%.
«Con esas tasas de reposición superiores al 100% sostenido, junto a la agilización de los procesos selectivos (…), nos van a permitir una superación de los tiempos oscuros en los que el ataque sistemático al mantenimiento de personal en el empleo publico nos provocó las circunstancias que conocemos», ha dicho Sánchez Milán en respuesta a los diputados de la Comisión.
Sánchez Milán prevé con estas decisiones «un cambio de paradigma» que permitirá convertir «en algo excepcional la figura temporal del empleo público».
