Bolaños responde a Aragonès que el TSJC recurrió la ley sobre el catalán y asegura que aplicarán el fallo
El presidente de la Generalitat afirmó que el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo implica que el Gobierno «no impugne» la norma
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el pacto sobre el catalán que se firmó en la mesa de dialogo es público y que en él se acordó garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas. Sin embargo ha recordado que existe una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que aplicarán lo que decidan los tribunales.
Bolaños ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que el presidente de la Generalitat Pere Aragonès, afirmase en una entrevista que existe un acuerdo con el Gobierno central que implica que no «impugnen» la ley del catalán en la escuela, es decir que el Ejecutivo no la recurra ante el TC.
Bolaños, al ser preguntado al respecto, se ha remitido al documento pactado en el mes de julio, cuando se reunió la mesa de dialogo en Madrid y firmaron dos acuerdos, uno sobre el catalán y otro sobre la «desjudicialización del conflicto» en Cataluña, según indica el texto.
El ministro ha señalado que ese documento es «absolutamente público» y lo que se pactó fue «garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas», ha sostenido.
Sin embargo, ha recordado que existe un procedimiento judicial, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC que «se está dilucidando», ha apuntado. «Por supuesto lo que finalmente los tribunales decidan es algo que las administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más», ha añadido.
BOLAÑOS YA RESPALDÓ LA LEY EN JULIO
En el citado acuerdo firmado en julio tras la reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.
De esta forma, el Gobierno Central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.
A este respecto, el ministro elogió la norma al señalar que es un «muy buen ejemplo» de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma «perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», según ha expresado.
Sin embargo, el TSCJ ya señaló que veía «vicios de inconstitucionalidad» en la ley y presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.
