El paquete de medidas fiscales que presentará el Gobierno podría incluir medidas para rentas bajas

El Gobierno está ultimando un paquete de medidas fiscales que exigirá un mayor esfuerzo a las rentas más altas y que, si bien no incluirá una rebaja generalizada de impuestos, sí podría contemplar medidas para ciertos contribuyentes del segmento de rentas más bajas, confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El programa fiscal incluye un impuesto específico a las grandes fortunas y también está sobre la mesa un posible aumento fiscal en el IRPF para los salarios más elevados y para las rentas del capital. En ese paquete podrían incluirse bajadas selectivas de impuestos para las rentas más bajas que podrían aliviar la carga fiscal a estos contribuyentes.

Este paquete de medidas fiscales, que podría presentar mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañará en 2023 a los Presupuestos Generales del Estado que negocian los socios de la coalición de gobierno, partiendo de los compromisos pendientes del pacto de investidura. Unidas Podemos ha reclamado en diversas ocasiones gravar más a las rentas del capital.

El nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas se tramitará por separado de las cuentas públicas y será inferior si se paga el Impuesto de Patrimonio, para evitar incurrir en una doble imposición, lo que obligará a abonarlo a los ciudadanos de rentas más elevadas que viven en Madrid o Andalucía, donde el PP lo bonifica al 100%.

Con la presentación de esta batería de medidas fiscales, el Gobierno pretende crear un marco armonizador que ponga freno a la ofensiva de rebajas fiscales sobre Patrimonio lanzada por las regiones del PP.

La decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, de rebajar el IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros, subir el mínimo exento y aumentar las deducciones ha suspuesto el verso discordante en la estrategia que sigue el Gobierno en materia fiscal.

Así, respecto a la deflactación del IRPF, medida reclamada en el Congreso por PP y Ciudadanos y aceptada por varias comunidades, algunas gobernadas por el PSOE como la Comunidad Valenciana, fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que se trata una medida regresiva y difícil de compensar.

Así, explican que aun rebajando los tramos del impuesto más bajos, se beneficiarían de ello todos los contribuyentes, ya que todos están sujetos a los primeros tramos. Estas mismas fuentes entienden que habría que compensar la rebaja de impuestos a los contribuyentes con más recursos, pero que hacerlo con la subida de los tramos más altos podría ser confiscatorio y además no sería suficiente para compensar la pérdida de recaudación.

Frente a ello, en el Gobierno optan por medidas de ayudas directas, como las que hay para determinados sectores productivos o las que se están llevando en materia de becas o rebajas en el transporte, y entiende que las comunidades han elegido la vía fiscal por las dificultades de gestión que conlleva planificar actuaciones como estas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, María Jesús Montero ha rechazado una «espiral de bajada de impuestos», aun reconociendo que «no es bueno con algunos impuestos más que con otros», ya que el Impuesto sobre Patrimonio, sobre el que se han anunciado exenciones totales en varias comunidades gobernadas por el PP, siguiendo la estela de Madrid, «lo paga sólo el 0,2% de la población».

Así, ha defendido que «el país necesita un debate importante» y «sosegado» sobre su sistema fiscal, reivindicando la necesidad de «contribuir a la justicia social, pero también a la eficiencia económica»: «No se trata de crear grandes élites que tengan mucho, sino de hacer una sociedad resistente que, ante los embates de la economía, tenga capacidad de consumo y de protección de rentas. Que no decaiga la economía», ha argumentado.

Además de recordar que el acceso a la Universidad o una intervención quirúrgica «no puede costearse» por gran parte de la población, ha defendido que «el sistema fiscal es el pegamento del conjunto de la sociedad, donde cada uno aporta en función de su capacidad» y permite «garantizar hacer efectivo el pacto constitucional», garantizando los derechos a la salud, la educación o la vivienda.

Por ello, Montero ha pedido a las comunidades autónomas que plantean rebajas fiscales «ser coherentes con sus cuestiones y peticiones», ya que «la gran mayoría solicita al Gobierno más recursos que vienen de la misma bolsa de impuestos».

También en el caso de la Unión Europea, atendiendo a la recepción de 140.000 millones del Plan de Recuperación. «Resulta poco coherente que los titulares que se protagonizan desde España sean de bajadas fiscales», ha dicho Montero.

La ministra ha subrayado que «una bajada masiva de impuestos no es una recomendación» para afrontar la actual crisis energética y de precios, según el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE, y que, en todo caso, estas bajadas «sean quirúrgicas, selectivas, se protejan a los ciudadanos más vulnerables» y «que los que más tengan, más aporten».