UP pide una reforma constitucional limitada a recuperar el derecho civil valenciano y suprimir el término disminuido
Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para demandar al Ejecutivo el impulso una reforma constitucional limitada exclusivamente a dos puntos, la restauración del Derecho Civil valenciano y la reformulación del artículo 49 de la carta magna, para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad.
La iniciativa parlamentaria, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, insta al Ejecutivo a liderar este cambio de la carta magna y recabar los apoyos parlamentarios, restringido solo a estos dos apartados.
«Que esta modificación parcial se limite exclusivamente a estas dos reformas sociales de la carta magna, ya que pretenden adecuar la Constitución a compromisos políticos previamente adquiridos por las Cortes Generales, la convección sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ONU en 2006 (…) y la ley orgánica de reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana», ahonda el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, impulsado por el secretario general del grupo confederal, el diputado Txema Guijarro.
En la exposición de motivos, Unidas Podemos explica que la iniciativa es un compromiso adquirido con Juristes Valencians y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). De hecho, recientemente Guijarro y el presidente del grupo, Jaume Asens, se reunieron con el presidente de este colectivo de juristas, José Ramón Chirivella.
La proposición no de ley explica que la reforma estatutaria de 2016 hizo posible que, tras 300 años de reivindicación, otorgaba a las cortes valencianas la capacidad de dictar leyes civiles, como hacen por motivos históricos otras seis comunidades autónomos, facultad de la que se dispuso hasta 2016.
Así, la formación relata que se pudo impulsar normas sobre el régimen económico matrimonial valenciano, una normativa sobre relaciones familiares de los hijos con progenitores no convivientes o una ley de uniones de hecho, que fueron anuladas en 2016 por el Tribunal Constitucional.
Esta situación, prosigue la formación, ha conllevado un movimiento social, con respaldo de fuerzas políticas, para recuperar la capacidad de autorregulación de la comunidad en materia de derecho civil y de su autogobierno. Fruto de ello han sido varias iniciativas y una reforma constitucional avalada por el parlamento autonómico, pero que está congelada en el Congreso.
EL «EMPUJE SOCIAL» QUE RECLAMA UN GRAN ACUERDO PARLAMENTARIO
Por otro lado, alude a la necesidad de impulsar una reforma del artículo 49 de la Constitución para lograr una redacción respetuosa con las personas con discapacidad, que a la vez mejore sus derechos, y cuya tramitación está más avanzada en el Congreso.
Y en este punto, agrega que el «empuje social» de estas dos cuestiones debe interpelar a las Cortes Generales a dar respuesta a esos requerimientos, desde una mayoría cualificada en el Congreso y en el Senado.
A su vez, el presidente de Juristes Valencians ha comentado que esta iniciativa «desbroza el camino para revitalizar el texto constitucional con las justas reivindicaciones sociales de las personas con discapacidades y los 5 millones de valencianos», para instar al PP y al PSOE a llegar a un acuerdo para acometer este cambio parcial en la Constitución.
