CSIF denuncia la «nefasta gestión» del Ayuntamiento de Barcelona frente al «caos» por los disturbios de la Mercè
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido «medidas urgentes y contundentes» al Ayuntamiento de Barcelona para que revierta su «falta de autoridad» y su «nefasta gestión» frente a la delincuencia y al «caos» vivido en la última Fiesta de la Mercè, donde se registraron disturbios y sabotajes de comercios, así como la muerte de un joven por apuñalamiento.
Según CSIF, los disturbios de este fin de semana han vuelto a dejar a la ciudad de Barcelona «sumida en el caos», de lo que responsabilizan a la «mala gestión pública en seguridad ciudadana del Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni».
«Parece que estamos en una ciudad donde la ley no rige», ha sostenido en un comunicado en el que CSIF lamenta que los policías no cuenten con el «apoyo institucional» para hacer su trabajo.
Según este sindicato «hay una inseguridad real y objetiva». «Todo ello es fruto de una gestión nefasta y fracasada», continúa, que afean que los policías «asuman un riesgo innecesario» a la hora de realizar su trabajo «por la falta de recursos humanos, recursos materiales y la falta de apoyo institucional».
Entre las críticas destaca también la «falta de condenas por los atentados a la propia policía», lamentando que las Fiestas de la Mercè se haya saldado con más de 40 heridos entre graves y leves, más de 70 investigados y 12 detenidos en la última noche.
CSIF ha apuntado a un «macro botellón permitido por el Ayuntamiento» como el epicentro para que los «delincuentes comunes camparan a sus anchas». «Se han registrado un total de 50 detenidos en estos días, hemos asistido a asaltos y saqueo de los comercios y al destrozo de mobiliario urbano y bienes privados; parece que estamos en una ciudad donde la ley no rige y el Gobierno pretende blanquear datos comparándolos con 2019», ha denunciado.
Para el sindicato estos botellones generan suciedad y el deterioro del espacio público, además de problemas de seguridad que conlleva infracciones penales por tráfico de drogas, consumo de alcohol de menores, robos con intimidación, hurtos, violaciones, peleas multitudinarias o apuñalamientos.
«Era del todo previsible. Esto genera mucha frustración en el propio cuerpo de la Policía. Policialmente, esta delincuencia se puede combatir, pero se ha de combatir también a nivel político tomando medidas», ha concluido.
