UP muestra su apoyo a seis integrantes de CNT condenadas en Gijón y denuncia que es un caso de «persecución sindical»
Unidas Podemos ha mostrado su apoyo a seis sindicalistas condenadas por un delito de coacciones y contra la administración de justicia por las protestas en 2017 contra el dueño de una pastelería en Gijón, al entender que se trata de un caso de «persecución sindical».
El pasado abril el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificó el fallo de primera instancia (el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón) que en el caso de estas seis sindicalistas, que consideraba que se utilizaron de forma reiteradas durante sus protestas expresiones vejatorias, calumniosas e injuriosos contra el dueño del establecimiento no amparadas por la libertad sindical ni de expresión.
Representantes de Unidas Podemos, Bildu, Compromís y ERC han mantenido hoy un encuentro con miembros del sindicato CNT afectadas por la resolución judicial. En el caso del grupo confederal han acudido la portavoz adjunta y líder de Podemos en Asturias, Sofía Castañón, y su homólogo y dirigente de IU, Enrique Santiago.
Santiago ha trasladado la «solidaridad y respaldo» de Unidas Podemos a las personas afectadas por el caso conocido como La Suiza , que se remonta a 2017. El grupo confederal defiende que estos representantes sindicales desplegaron acciones en defensa de los derechos laborales de una empleada del establecimiento.
En este sentido, censuran las «reiteradas maniobras judiciales» por parte del empresario y más de una treintena de denuncias interpuestas contra el sindicato y sus representantes. No obstante y pese al archivo por el Juzgado de Instrucción nº5 y por la Audiencia Provincial de Oviedo de hasta tres causas abiertas, seis personas se enfrentan a condenas de 3,5 años que pueden hacerse efectivas en las próximas semanas, ahonda Unidas Podemos.
El dirigente de IU y secretario general del PCE ha comentado que es «inaceptable» que «un conflicto laboral acabe con penas de cárcel que no tienen sentido alguno».
Santiago ha subrayado que llevan trabajando «toda la legislatura para que se despenalicen situaciones de este tipo», al tiempo que comprometió el interés y próximas actuaciones de este grupo para «cambiar la legislación e impedir que situaciones así puedan repetirse».
De la misma forma, ha considerado que el Tribunal Supremo debe tomar nota y «corregir decisiones judiciales anteriores que son tremendamente injustas», entre otros motivos porque «se ha producido un fraude de ley al haberse utilizado en este caso normas no previstas para los conflictos laborales».
Mientras, Castañón ha destacado en Twitter la situación de estas «seis represaliadas sindicales» y ha enfatizado que defender los derechos laborales «no es delito y no puede llevar a la cárcel a quienes ejercen la acción sindical».
