La nueva Ley de Cooperación Internacional pasará el jueves su primer trámite en el Congreso

Albares tendrá que defender el proyecto ante las enmiendas de PNV y Vox, que piden devolverlo al Gobierno

La nueva Ley de Cooperación Internacional pasará el próximo jueves su primer trámite parlamentario, con el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PNV y Vox.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, será el encargado de defender el proyecto elaborado por el Gobierno, que dio luz verde al texto a finales de mayo y lo remitió a las Cortes para su aprobación.

La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global está llamada a suceder a la Ley de Cooperación Internacional de 1998 y, entre otras cosas, fija por ley destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y que el 10% de esta se destine a acción humanitaria.

Tanto Albares como la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, han expresado la voluntad del Gobierno de que la futura ley concite el mayor consenso posible, como ya ocurrió con la anterior. Sin embargo, tanto PNV como Vox presentaron a finales de junio sendas enmiendas reclamando que el texto sea devuelto al Gobierno.

El Pleno deberá decidir ahora si acepta o rechaza esas enmiendas. La previsión es que se tumben y el texto pueda continuar su andadura con la presentación de enmiendas de los grupos y su discusión en ponencia y comisión, para después ser enviado al Senado.

PNV CRITICA LA CENTRALIZACIÓN

En su enmienda, recogida por Europa Press, el PNV, habitual socio del Gobierno, denuncia que el proyecto de ley «altera de forma clara y radical el actual marco normativo de la actividad de cooperación al desarrollo, planteando una radical centralización de su regulación», reivindicando el papel de la cooperación que llevan a cabo las comunidades autónomas.

En concreto, afea al Gobierno que «desprecia competencias expresamente reconocidas en favor de las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía, competencias desplegadas hasta la actualidad sin que tal actuación haya planteado controversia alguna».

Asimismo, sostiene que «los términos en que el proyecto de ley establece el contenido de la coordinación» entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, priva a estas últimas «de su competencia para establecer y ejecutar sus propias políticas de ayuda humanitaria, convirtiéndolas en simples ejecutoras de la política estatal».

Los de Aitor Esteban consideran que «conculca los términos que el Tribunal Constitucional ha atribuido al Estado en cuanto a su función coordinadora en el ámbito de la política exterior y determinar los mecanismos de programación, gestión, seguimiento y coordinación, así como los procedimientos operacionales».

VOX DENUNCIA IDEOLOGIZACIÓN

En el caso de Vox, la petición es la misma pero el argumento es diferente. Los de Santiago Abascal se quejan de que la futura ley «rompe con la soberanía del Estado español al subordinarse a lo establecido por una suerte de gobierno mundial que ningún español ha votado», en referencia a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, sostienen que «se pretende someter la soberanía nacional a una gobernanza global (…) que no rinde cuentas y que no se somete a ningún proceso democrático en España» y dejan claro que «la soberanía nacional no es discutible» y que reside en el pueblo español.

Asimismo, Vox denuncia que «toda la iniciativa legislativa presenta una fuerte ideologización» y que el Gobierno busca «introducir en la legislación nacional nociones ideológicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico», en referencia nuevamente a la Agenda 2030 y los ODS que además, recuerda, no son legalmente vinculantes.

Por otra parte, los de Abascal reprochan al Gobierno que se dedique más atención a cuestiones ideológicas que «no deberían tener cabida» y por contra se deje para más tarde desarrollos legislativos, dando un plazo de seis meses para la presentación entre otros la sustitución del fondo Español de Desarrollo (FONPRODE) por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).

También afean el «exceso de ambición» del texto, recordando que en su dictamen previo sobre el mismo el Consejo de Estado previno que una ley de este tipo «no tiene capacidad para condicionar de modo indefinido las leyes de Presupuestos Generales del Estado», en aparente alusión a la meta del 0,7%.

«Lejos de resolver algunos de los problemas de la Cooperación Española, al no solventarlos en el propio texto, los deja al albur de futuros e hipotéticos desarrollos normativos», remata Vox, insistiendo en que se trata de «una ley vacía en lo que la misma se declara como fundamental», de ahí que pida su devolución al Gobierno.