El PSOE atribuye a «cuestiones técnicas» el reajuste de los efectivos del CNI en Cataluña y País Vasco
Niega que tenga que ver con la investigación de crímenes de ETA no resueltos y rechaza una comparecencia extraordinaria de Robles
El PSOE ha achacado este miércoles a «cuestiones puramente técnicas» la «retirada» de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Cataluña, País Vasco y Navarra, desvinculando el reajuste de cuestiones políticas y rechazando que tenga que ver con la investigación de crímenes de ETA no resueltos.
En la Diputación Permanente del Congreso, la diputada socialista Isaura Leal Fernández ha defendido que la «retirada» de los agentes «responde al criterio sobre necesidades funcionales» y ha rechazado por «injustificable» y «no admisible» la petición del PP de una comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
YA COMPARECERÁ LA DIRECTORA DEL CNI
Según la dirigente del PSOE, en todo caso las explicaciones las debería dar el CNI y no al Gobierno, y ha garantizado que la nueva directora de los servicios de espionajes, Esperanza Casteleiro, tiene previsto comparecer «en su momento» ante la Comisión de Gastos Reservados y ahí se le podrá preguntar.
De hecho, la ley obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso del uso de fondos reservados, algo que todavía no se ha producido porque esa comisión secreta no se constituyó hasta la pasada primavera, tras el escándalo Pegasus y el cambio de requisitos para permitir la entrada de diputados independentistas.
Isaura Leal ha reprochado al PP haber utilizado noticias en medios de comunicación que se ocupan de asuntos clasificados y, por lo tanto, no verificables para apoyar su solicitud de comparecencia. «No hay ningún elemento de crisis o impacto social que requiera de la urgencia para solicitar una comparecencia extraordinaria», ha agregado, negando que el reajuste tenga que ver con la investigación de crímenes de ETA no resueltos.
«EXIGENCIA» DE LOS ALIADOS PARLAMENTARIOS
La petición de comparecencia ha sido defendida por el popular José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha sostenido que la «retirada» de efectivos es una «exigencia» y un «chantaje» de los aliados parlamentarios del Gobierno, asegurando que se trata de un asunto de «máxima gravedad».
En esta línea, ha criticado la decisión de «suspender la vigilancia de los que pretenden romper la unidad territorial» de España y ha señalado que el objetivo último es «debilitar la presencia del Estado tanto en Cataluña como en País Vasco.
A favor de la comparecencia se han pronunciado Vox, Ciudadanos y el diputado de Navarra Suma expulsado de UPN, pero ha sido rechazada por los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), y por sus aliados parlamentarios de ERC, PNV y Bildu.
