Podemos ve una «guerra judicial» en la petición de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández
La ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido este martes que la solicitud de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua formulada por la Fiscalía de Argentina contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, es una muestra más de la guerra «judicial y mediática» declarada a los «gobiernos progresistas».
Belarra, que ostenta la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha trasladado a través de un mensaje en Twitter el «apoyo» de Unidas Podemos a Fernández de Kirchner, a quien la Fiscalía acusa de ser la responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado argentino mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
«La guerra judicial y mediática contra gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar. Porque no es contra nosotros, pone en peligro a la propia democracia. En España, Argentina o cualquier país democrático. Nuestro apoyo desde Podemos», ha publicado la ministra y líder de la formación morada.
Por su parte, la eurodiputada y secretaria del área internacional de Podemos, Idoia Villanueva, ha comentado en la misma red social que el proceso contra la vicepresidenta argentina está «lleno de incongruencias y atropellos».
Según Villanueva, esta solicitud fiscal supone un «ataque mediático y judicial» contra Fernández de Kirchner «y todo lo que representa en Argentina». «Un nuevo ataque a la democracia. Deber de los demócratas denunciarlo, exigir garantías y justicia», ha señalado.
PRIMÓ SU «INTERÉS PERSONAL»
La Fiscalía argentina ha solicitado doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta y expresidenta del país para ocupar cargos públicos.
El Ministerio Público argentino estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.
«Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Interpuso su interés personal sobre el interés público», ha asegurado el fiscal Diego Luciani, según el diario La Nación .
Fernández de Kirchner no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde su perfil en Twitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales, en su opinión, «montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».
Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, ha dicho en un comunicado que «hoy es un día muy ingrato» para alguien como él, con experiencia en Derecho, y ha transmitido su «afecto y solidaridad» a Fernández.
