El Congreso convalida el decreto para luchar contra la temporalidad en la sanidad pública

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con 270 votos a favor, 75 abstenciones y ninguno en contra, el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contrato de interinidad sin ser funcionario.

Durante la defensa del Real Decreto-Ley, que no se tramitará en la Cámara Baja como Proyecto de Ley como procedimiento de urgencia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha resaltado que se trata de «un proceso histórico y muy relevante» para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según las estimaciones del Gobierno, se prevé hacer fijos a hasta 67.300 trabajadores de la salud en España.

«Proponemos poner coto a la elevada temporalidad del personal sanitario en el SNS. Nuestros sanitarios precisan de estabilidad profesional y evitar la situación de precariedad profesional que se ha producido durante tanto tiempo. Dando más certeza a nuestros sanitarios contribuiremos al fortalecimiento del SNS», ha justificado Darias.

En cualquier caso, y tal y como ha reconocido la ministra, se trata de una reforma «temporal», pues en tres meses el Ejecutivo tendrá que abrir un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para la actualización definitiva del Estatuto de los sanitarios en un plazo de seis meses, que podrán ser prorrogables.

La nueva Ley establece que, transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante «solo podrá ser ocupada por personal fijo». Además, también intenta fijar límites a la contratación de interinos, restringiéndolo solo a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia».

El texto fija que antes del 31 de diciembre de este año se deberán publicar todas las convocatorias para estabilizar esas más de 67.000 plazas para posibilitar que los profesionales sanitarios temporales puedan ocuparlas.

La Ley elimina la figura de profesionales eventuales y se crean «dos grandes grupos» de temporales: los interinos y los sustitutos. Se podrá contratar a un interino para cubrir plazas vacantes «durante un plazo máximo de tres años» siempre y cuando «no sea posible» ubicar un empleado fijo.

Asimismo, también habrá interinos para «programas de carácter temporal» no superiores a tres años y siempre que no realicen funciones propias de los empleados fijos.

Otro supuesto en el que se permitirá la contratación de interinos es el «exceso o acumulación de tareas» por «un plazo máximo de nueve meses dentro de un período de 18 meses». Un ejemplo es reducir las listas de espera, a través de un programa en el que «se establece el día de inicio y finalización».

En todos los anteriores supuestos, una vez se cumplan los tres años, la Ley afirma rotundamente que se tendrá que «tramitar la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro».

En el caso de los sustitutos, se podrán contratar, por ejemplo, «durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza».

Igualmente, están permitidos para «la cobertura de exención de guardias, por razón de edad, o enfermedad, pudiendo sustituir hasta dos personas y siempre que con la plantilla disponible no fuese posible cubrir esta contingencia y respetando los límites legales de la jornada».

También se podrá contratar a un sustituto ante la reducción de la jornada ordinaria de funcionarios, «identificando a la persona o personas concretas a quien se complementa la jornada y durante todo el período correspondiente y la modalidad que motiva la reducción».

La Ley también recoge «medidas de control de la temporalidad» que tendrán que cumplir las comunidades autónomas, ya que las competencias en materia de Sanidad están transferidas.

La medida se enmarca dentro de la reforma del Gobierno para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.

Se trata de una «reforma estructural en profundidad» para «hacer más eficiente el funcionamiento de las administraciones públicas». «La reducción de la temporalidad es un objetivo prioritario para el Gobierno. Las administraciones públicas, desde hace demasiado tiempo, presentaban una elevada tasa de temporalidad, con especial incidencia en el ámbito sanitario», ha apostillado la ministra.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR «APROPIARSE» DE LA ESTABILIZACIÓN

Elvira Velasco, del PP, ha denunciado que el Gobierno «ha intentado jugar a la ceremonia de la confusión» con este Real Decreto-Ley. «Se intentan atribuir un proceso extraordinario de estabilización que ya está en marcha en las comunidades autónomas. No se apropien de lo de otros. No utilicen el problema de la alta temporalidad en la sanidad con fines propagandísticos y anuncios vacíos», ha justificado.

José María Figaredo, de VOX, ha criticado que el Decreto está «vacío de contenido»: «Vemos a un Gobierno que está de salida, un PSOE unido a Podemos pero en una guerra interna. Claramente el Gobierno se está disolviendo. Lo que están intentando hacer con escaso éxito es lanzar medidas populistas que les sujeten en el poder unos meses más».

Josune Gorospe, del PNV, ha compartido con Darias el «objetivo prioritario» de acabar con la temporalidad en la sanidad pública: «Hay que adoptar medidas para que no vuelva a suceder. No se debería haber llegado a esta situación».

Pero también le ha puesto peros al Decreto. En primer lugar, ha afeado al Gobierno que se adueñe de la reforma cuando se trata de una adaptación de legislación europea. «Es la UE quien lo establece como condición para poder acceder a los fondos europeos», ha recordado.

Igualmente, ha criticado a Darias que el Decreto haya llegado al Congreso apenas tres días antes de que venciera el plazo para su entrada en vigor. «Durante un año han estado esperando. ¿Por qué no lo han traído antes? Nos han hurtado el debate parlamentario y la confrontación de distintas posiciones. Se podría haber hecho antes y haber participado más activamente en elaborar el texto», ha esgrimido, a lo que ha añadido que confía en que Darias traiga el Estatuto definitivo para su debate a la Cámara Baja.

EH Bildu se ha abstenido porque considera que el Real Decreto-Ley «no garantiza los procesos para poder llevar con todas las garantías un proceso tan complicado como este», según ha explicado su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo. «Es positivo pero es insuficiente porque no está garantizado que haya una planificación adecuada en el marco de negociación de cada servicio autonómico de salud», ha insistido.

Por su parte, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha reivindicado la labor de los sanitarios durante la pandemia: «Les debemos mucho». Y, a continuación, ha mostrado su visto bueno al Decreto, aunque ha pedido a Darias que vigile su cumplimiento. «Los sanitarios lo apoyan pero se muestran algo escépticos sobre su aplicación práctica. Le pido que garanticemos que se va a aplicar», ha apostillado.