La reforma de la Ley del sector ferroviario avanza en el Congreso pero no será aprobada hasta septiembre

El proyecto de ley que modifica la Ley del sector ferroviario para otorgar a Adif la fijación de los cánones ferroviarios ha superado este jueves una nueva votación en el Congreso, quedando lista para su aprobación en el Pleno. Sin embargo, no será hasta septiembre, ya que su votación no ha sido incluida en el Pleno de la próxima semana.

En su votación, el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCAT, si bien estas tres últimas formaciones han advertido de que su posicionamiento final para aprobar la ley dependerá de sus últimas enmiendas en el Pleno. Vox se ha abstenido.

¿PARA QUÉ SE HABILITÓ JULIO?

Esta era, junto a la Ley de Memoria Democrática, la otra ley para la que el Gobierno solicitó al Congreso habilitar su tramitación durante el mes de julio. Esta semana la ley ha superado sus debates en ponencia y Comisión, pero no ha sido incluida en el Pleno escoba posterior al Debate del Estado de la Nación, en el que se aprobará la citada Ley de Memoria y se convalidará el último decreto anticrisis.

Sin embargo, la intención de los grupos era dar carpetazo a esta ley antes de verano, y en ello se justificaban las prisas por cerrar los últimos cambios en el Pleno. «Uno tiene la sensación de que hemos trabajador de forma acelerada para uno no sabe bien qué», ha afirmado en el debate de la norma el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel.

REVISIÓN DE CONTRATOS HASTA UN 20% DEL PRECIO

Uno de los cambios introducidos en la norma este mismo jueves permitirá la revisión hasta un 20% del precio de licitación de los contratos de suministros de material ferroviario rodante y coomponentes de fabricación y mantenimiento para cubrir el encarecimiento de materias primas.

Esta revisión se extenderá a todo contrato con cualquier entidad del sector público en ejecución, licitación, adjudicación o formalización cuando entre en vigor la ley y cualquier contrato que se publique en la plataforma de contratación del sector público durante un plazo de un año a partir de la entrada en vigor, y se hará atendiendo al aumento de costes de las materias primas recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

LOS MODELOS DE COSTES NO PODRÁN DISCRIMINAR ENTRE OPERADORES

Una extensión y revisión «razonable», ha defendido el portavoz del PSOE en la Comisión, César Ramos, que ha excusado que una extensión a todo contrato, de electrificación o señalización, «habría debilitado la posicición» de Renfe en un contexto de creciente competencia.

Otra de las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria, ha celebrado su homólogo en el PP, Andrés Lorite, es la de no discriminación a la hora de determinar el modelo de costes para fijar después los cánones ferroviarios.

SUPERVISIÓN DE LA CNMC Y MAYORES SANCIONES

Estos cánones dejarán de ser fijados en Presupuestos, y pasarán a fijarse por Adif y para ello también se refuerza la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al añadirle una nueva función, según la cual deberá velar por que sus cánones cumplan el derecho comunitario y el citado principio de no discriminación.

Precisamente, otros de los cambios pactados en la norma pasan por aumentar las sanciones ante incumplimientos de resoluciones y requerimientos de información de la CNMC (hasta 300.000 euros y 100.000 euros, respectivamente), si bien no entrarán en vigor hasta que la competencia para fijar los citados cánones recaiga en Adif.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Asumiendo la necesidad de trasponer esta directiva, el portavoz de Transportes de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, ha pedido reflexionar sobre la liberalización de servicios, señalando que en el caso ferroviario estas normas propician «una competencia artifical entre empresas públicas europeas en un momento en el que se tiene que fortalecer la colaboración».

En todo caso, ha celebrado que se garantice en la norma el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras existentes «para evitar con cualquier tentación de desmantelamiento de la red convencional. Aun así, ha lamentado la ausencia de medidas para mejorar la negociación colectiva y la firma de convenios que mejoren las condiciones de los trabajadores.

INCENTIVOS PARA REDUCIR COSTES Y ESTUDIO DE ANCHO DE VÍA

Sin recoger estos incentivos, la nueva ley sí que prevé el establecimiento de incentivos a los administradores para reducir los costes en la puesta a disposición de infraestructuras y a la cuantía de los cánones, tal y como proponían PP y PDeCAT.

Reconociendo los esfuerzos del Gobierno por pactar cambios, Juan Ignacio López-Bas ha lamentado las dudas a las alusiones de flexibilidad a la hora de definir los cánones ferroviarios, por «la poca independencia» de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, y en este sentido ha defendido que sea la CNMC la que elabore y apruebe el modelo de costes, decida si el canon se ajusta a estas directices y controle su aplicación.

Asimismo, ha celebrado otro de los cambios, como una disposición para obligar al Gobierno a realizar un estudio sobre el ancho de vía de la red con el que definir una estrategia de explotación a medio y largo plazo para toda la red de interés general, contemplando opciones para cada tramo.