Díaz apuesta por evolucionar a un Estado «emprendedor» en sectores como la innovación y llevar la democracia a empresas

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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de evolucionar hacia un estado «emprendedor» con alto nivel de inversor en el campo de la innovación, con garantía de mirada social, ha comprometido de desplegar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas y ha proclamado que «no es democrático» que compañías que superan los 1.000 millones en su márgenes tributen en un tipo del 3,8%.

Así lo ha trasladado durante la presentación del número monográfico de la revista Temas para el debate sobre Socialismo Participativo: en torno al concepto de Thomas Piketty , junto a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.

Durante su intervención, Díaz ha recalcado la necesidad de debatir sobre fiscalidad cuando empresas, como las eléctricas, tienen beneficios récord y ha agregado que no es «ninguna distopía» que los «hiperricos» practiquen una «deserción fiscal» que les aleja de la sociedad al no aportar lo que les corresponde.

Por tanto, ha llamado a llevar la democracia al ámbito económico y, por ejemplo, conseguir que los trabajadores estén presentes en los consejos de administración de las empresas, en lo cual va a trabajar desde ya, para que la toma de decisiones también pese por ellos, en lugar de sea solo el prisma de los «dividendos» el que tenga todo el peso.

También ha defendido la necesidad de desplegar inversiones con una mirada «diferente», con un Estado que despliegue un volumen importante de recursos en materias como tecnología o innovación, así como repensar el tiempo que se dedica al trabajo y al descanso, pues es una «revolución pendiente» porque no hay democracia sin tiempo de libre.

A su vez, Díaz ha exhortado a no volver a hablar de «austeridad» en Europa y de dotar de más sentido a la Unión Europea para garantizar su futuro y no tener que elegir, por ejemplo, entre el neoliberalismo que encara el presidente galo Enmanuele Macron o a la ultraderecha de Marien Le Pen. Finalmente, ha destacado que en su nueva plataforma Sumar se hablará mucho de estas materias.

UNA FISCALIDAD MÍNIMA IMPLICA UN ESTADO MÍNIMO

Por su parte, la ministra de Hacienda ha recriminado que la derecha, con su defensa de una bajada generalizada de impuestos, fomente la sensación en la ciudadanía de que el Estado se forra, cuando la realidad es que si baja la recaudación de forma masiva el Estado del Bienestar se debilita, así como su capacidad para intervenir en crisis como la pandemia o la guerra de Ucrania.

Por tanto, ha recalcado que tener unos impuestos «mínimos» implica también un Estado «mínimo» y que bajar de forma general los impuestos es «igual a política de recortes e incremento de desigualdad», con un «círculo vicioso» que fomenta, al final, una especie de dumping fiscal que beneficia a los que más tienen.

De esta forma, ha defendido el compromiso de aplicar un nuevo impuesto a los beneficios de las eléctricas y también mirar, desde la óptica progresistas, en medidas que favorezcan a las clases medias.