CCOO y UGT denuncian al Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social
CCOO y UGT han denunciado al Gobierno español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por incumplir determinadas disposiciones de la Carta Social Europea que afectan a materias como la jornada, la reducción del tiempo de trabajo, las vacaciones o los salarios.
Al mismo tiempo, han reiterado su denuncia sobre otros aspectos que ya fueron declarados vulnerados por el CEDS y que continúan sin corregirse, a juicio de los sindicatos.
La denuncia de ambas centrales forma parte de las alegaciones conjuntas que remitieron el pasado 30 de junio al informe número 34 que el Gobierno español presentó al CEDS en el marco del sistema de control de cumplimiento de las disposiciones de la Carta Social Europea.
Los sindicatos han explicado en un comunicado que este sistema de control ha dado un paso importante con la ratificación del protocolo de reclamaciones colectivas, que permite denunciar cuestiones concretas sobre incumplimientos, lo que ha permitido «aumentar de manera significativa la protección de los derechos sociales recogidos en la Carta Social Europea», exponen.
CCOO y UGT, que llevan más de una década presentando alegaciones a los informes que se presentan al CESD, han precisado que las cuestiones denunciadas tienen que ver con la jornada laboral, incluida la reducción de la misma; tiempo de trabajo; vacaciones; salarios; seguridad y salud en el trabajo; negociación colectiva y derecho de huelga.
«Se trata de un conjunto de materias sobre las que la legislación internacional elaborada en el seno del Consejo de Europa impone condiciones y garantías a nuestro sistema de relaciones laborales.En este nuevo ciclo, tras la ratificación y entrada en vigor de la Carta Social revisada, se ha ampliado notablemente el catálogo de derechos laborales y sociales que deben ser observados por los Estados integrantes del Consejo de Europa», explican.
CCOO y UGT alegan que los criterios establecidos sobre las denuncias de incumplimiento y reclamaciones colectivas promovidas por las organizaciones sindicales más representativas han de integrar la legislación y la práctica judicial. «De lo contrario, deberá ser modificada en el sentido más adecuado en relación al contenido de los preceptos de la Carta y su interpretación por el CEDS», concluyen.
