Podemos exige al PSOE valentía en los PGE potenciando gasto social y no duplicar el militar porque lo exija EEUU
Propone crear un fondo de 10.000 millones para inversión en sanidad y educación pública, una reforma fiscal ambiciosa y subir el SMI
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha urgido a abrir la negociación con el PSOE sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023 y ha marcado las prioridades de su formación para el final de legislatura, con medidas «contundentes» de aumento de gasto social.
En contraposición, ha lanzado a su socio que las «urgencias» del país no es «duplicar el gasto militar», que a su juicio ya están en niveles «récord» porque «España no está en guerra» sino en protegerse de los efectos socioeconómicos del conflicto de Ucrania, al argumentar que la ciudadanía «no necesita» comprar «bombas ni aviones de combate» por «exigencia de una potencia extranjera», en referencia a Estados Unidos.
De esta forma, ha desglosado entre sus prioridades para las cuentas públicas la puesta en marcha de un fondo dotado con 10.000 millones para invertir en sanidad y educación pública, seguir bajando el abono de transporte público mensual hasta llegar a los 10 euros, una reforma fiscal potente con subida de impuesto a grandes rentas y empresas o volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).
Así lo ha explicitado la también ministra de Derechos Sociales durante su intervención en el Consejo de Coordinación de la formación, donde ha detallado la necesidad de incrementar la ambición de las políticas del Gobierno ante la tendencia inflacionista y los efectos económicos provocados por la guerra de Ucrania.
CAMBIAR EL RUMBO PARA GANAR EN 2023
Una posición que se produce tras la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid y el llamamiento del ala socialista a sus socios minoritarios para que reflexionen y apoyen elevar el presupuesto militar hasta un 2% del PIB del país.
«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para negociar que los próximos presupuestos incluyan medidas verdaderamente contundentes, eficaces y valientes para proteger el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la gente de nuestro país», ha fijado Belarra ante la cúpula de Podemos para defender que esta es la forma de «caminar hacia una victoria electoral» de la izquierda ante el avance de las derechas.
LAS BANDERAS PROGRESISTAS LAS LEVANTA PODEMOS «EN SOLITARIO»
Es más, ha advertido de la «escalada belicista» que recorre Europa ante este conflicto y ha alertado del duro golpe para la mayoría social que supone la inflación, que «puede dar al traste» con la «senda» que el Gobierno progresista llevó en los dos últimos presupuestos, cuyo último hito son las medidas de mejora del decreto anticrisis.
Pero a su juicio, los últimos acontecimientos y declaraciones llevan a un momento de legislatura donde «no se perciben unos objetivos políticos claros» en la acción del Gobierno y que esa percepción es compartida por «muchísima gente progresista», que tiene la «sensación» de que Podemos «en solitario» es quien levanta las «banderas» que deben ser «seña de identidad» de un Ejecutivo de izquierdas.
Por tanto, ha afirmado que los próximos presupuestos tienen que ser el «hito» que reoriente el «rumbo» del Gobierno para «recuperar el ritmo» y devolverle un «horizonte político nítido». De hecho, ha lanzado que debe ser «la prueba del algodón» para «acelerar» transformaciones que las bases progresistas «llevan tiempo esperando» y no pueden dilatarse más.
«Es la hora de lo urgente y de lo importante», ha desglosado Belarra para demandar partidas de reforzamiento de los servicios públicos (sanidad, educación y cuidados) y de combate de la inflación.
PRIORIDADES SOCIALES Y FISCALES DE PODEMOS EN LOS PGE
Concretamente, ha demandado la aprobación «inmediata» de la nueva Ley de Familias con la extensión de los permisos de maternidad a seis meses, la puesta en marcha de una renta universal de cuidados de 100 euros al mes y un permiso retribuido de siete días al año a todos los trabajadores para el cuidado de sus familiares. También apela a cumplir el aumento de 600 millones para Dependencia y ampliar el Plan Corresponsables a 200 millones.
Además, reclamarán en la negociación presupuestaria con el PSOE subir más de 70 millones la inversión políticas de lucha contra las violencias machistas, continuar bajando el abono transporte hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades y prohibir definitivamente el corte de suministros a personas vulnerables, haciendo que esas deudas acumuladas sean» asumidas» por las empresas eléctricas.
También ha enumerado, entre sus peticiones, volver a subir el SMI sobre los criterios marcados por la Comisión Técnica que ha asesorado al Ministerio de Trabajo, aumentar en un 15% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sirve para fijar el importe de muchas ayudas sociales, y actualizar las pensiones y los salarios de los empleados públicos de acuerdo a la inflación.
A su vez, ha detallado que el fondo de 10.000 millones para sanidad y educación pública también está abierto a que las comunidades realiecen aportaciones y, por ejemplo, propone que aporten un euro por cada dos que reciban de esta partida. Otra condición es reservar un porcentaje mínimo de ese montante a la Atención Primaria y a la salud mental mientras que en la parcela educativa blindará parte de esa financiación a crear más plazas públicas para enseñanza de 0 a 3 años.
Por otro lado, la líder de Podemos ha exhortado a desplegar una reforma fiscal «ambiciosa» que «no puede esperar más», pues no le parece «decente» que tras estas dos gravísimas crisis (la pandemia y la guerra de Ucrania) las grandes empresas y fortunas no hayan aportado ni un euro extra al erario público para hacerlas frente.
De esta modo, ha llamado a reequilibrar la balanza fiscal con un impuesto extraordinario a las energéticas, de aplicación inmediata y exige un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes corporaciones.
Todo ello sumado a un impuesto a las grandes fortunas, que ya demandaron en el Congreso y que no respaldó el PSOE, que evite que comunidades como Madrid se conviertan en «paraísos fiscales» y haga «competencia desleal» a otros territorios.
Pero además ha reclamado bajar la tributación de las pymes del 25 al 23%, aplicar la tasa morada del IVA suprerreducido a productos como pañales e higiene femenina, o reducir también este tributo al sector de la peluquería.
